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En su corta estadía por El Salvador, el Consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tom Shannon, señaló que "sería muy inteligente que Honduras y El Salvador busquen un aporte o una ayuda de la comunidad internacional" para combatir la impunidad y el crimen organizado. El funcionario se refirió a la "Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala" (CICIG) y aunque no recomendó de manera directa la constitución de una entidad similar en ambos países, expresó que "sería difícil imaginar lo que está pasando ahora en Guatemala sin el papel de la CICIG". El Embajador Shanon no se equivoca. Guatemala experimenta una especie de "primavera árabe". Diversos casos de corrupción que involucran a las más altas esferas del Estado están siendo investigados. Desde el presidente Otto Pérez, su vicepresidenta, varios de los secretarios de la presidencia y otros funcionarios de menor rango, son objeto de procesos judiciales por integrar una presunta red que se aprovechaba de la enorme influencia que les dispensaba los cargos de gobierno que ejercían. En buena parte estos sucesos son consecuencia de la decisión que adoptaron los guatemaltecos, en diciembre de 2006, cuando el Gobierno de la República firmó con Naciones Unidas el acuerdo para la implementación de esa comisión internacional, cuya ratificación por el Congreso tuvo lugar en mayo de 2007 previa opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. Luego sobrevino un convenio de cooperación bilateral entre la Comisión y el Ministerio Público para la fundación de la "Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG". El impulso de una iniciativa similar para El Salvador requiere superar varios filtros. El primero y más importante es el de la voluntad política. Se trata de una decisión de Estado en la que el Órgano Ejecutivo, los diputados, el Ministerio Público y el Órgano Judicial deben reconocer las ventajas del establecimiento de una instancia semejante en el país. La existencia de un organismo de este tipo no presupone "a priori" el fracaso de las políticas impulsadas por el gabinete de seguridad para combatir el crimen. Por el contrario, se trata de una estrategia inteligente del gobierno que le permitiría mejorar las técnicas de investigación del delito además de revisar si el ordenamiento jurídico responde a la complejidad que presenta el tema de la inseguridad. También es muy probable que la cooperación internacional destine fondos adicionales a esta Comisión para corregir tanto el funcionamiento de las instituciones como el procedimiento para el nombramiento de sus titulares. El segundo tamiz es el jurídico. Establecido el pacto político, debe revisarse el marco legal que regiría el trabajo de esta entidad, sus atribuciones concretas, los integrantes, el plazo para la ejecución de su mandato, el presupuesto y el tipo de casos en los que colaboraría con la Fiscalía General de la República. En la medida que la reglamentación esté claramente definida se evitará el uso político de la Comisión y más que obedecer al estilo de quien la dirija, el actuar de la institución dependerá de los parámetros que determine el Acuerdo de creación. En Guatemala la CICIG "investiga y participa en procesos criminales de un número limitado de casos difíciles y sensitivos, también trabaja en robustecer la estructura de políticas públicas del país así como en el fortalecimiento de las instituciones del sector judicial. Con esta finalidad, la CICIG hace propuestas de reformas legales, trabaja de cerca con miembros selectos del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil para elevar la experiencia en investigaciones criminales y procesos judiciales y provee asistencia técnica a éstas y otras instituciones del sector justicia". En el caso guatemalteco la CICIG acompaña la investigación penal del delito, actúa como "querellante adhesivo" y denuncia en el ámbito administrativo a los funcionarios públicos que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el mandato de la Comisión. Adicionalmente participa como tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra los responsables. La CICIG está facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, y promueve su protección ante las autoridades correspondientes. De concretarse esta iniciativa, con el formato que más consensos genere y con la regulación legal adecuada, El Salvador combatirá con mayor eficacia al crimen organizado y a los funcionarios que lo encubren. El papel activo y protagónico de la sociedad civil organizada es fundamental no solo para demandar el concierto de voluntades alrededor de este tema sino también para auditar su eventual funcionamiento. Para conocer el mandato y los antecedentes de la CICIG, así como los casos y las reformas que ha promovido, se recomienda al lector visitar el sitio www.cicig.org . *Columnista de El Diario de Hoy.
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12.07.2015 (12.07.2015)
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