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Esto solo se aplicaría si las instituciones locales resultaran inoperantes, dice magistrado

Para el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, no existe ningún valladar en la Carta Magna salvadoreña que impida la creación de una comisión especial que investigue la corrupción en El Salvador como se ha hecho en Guatemala, pero solo si las instancias locales definitivamente no funcionan. De lo contrario, explicó, se debe fortalecer el funcionamiento de las instituciones existentes. De acuerdo con el magistrado González, la Sala emitió una sentencia en diciembre de 2010 en la que establece la inexistencia del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público. El magistrado recordó que con base en la sentencia de la Sala, la Asamblea Legislativa modificó el Código Procesal Penal, para garantizar que las víctimas pueden acudir directamente ante las instancias judiciales, pero solo si transcurrido el tiempo fijado por la ley la Fiscalía no ha actuado. En el debate académico que se ha venido haciendo desde que se habló por primera vez de una comisión de este tipo, "ese valladar constitucional derivado del monopolio de la acción penal no lo veo", sostuvo el magistrado González. González aclaró, en una entrevista por radio, que "no estoy en este momento hablando en nombre de la Sala, ni siquiera expresando mi posición a la vista de cómo se articulara una eventual comisión (que investigue la corrupción en El Salvador)". Hay oposición de políticos a la propuesta Pero mientras el magistrado González considera que no hay ningún obstáculo para crear una comisión que indague sobre actos de corrupción, el secretario general del FMLN, Medardo González, ha opinado que no se puede comparar la corrupción en Guatemala con la de El Salvador, en referencia a la creación de la Cicig en el vecino país. El dirigente efemelenista considera que hacerlo violaría la constitución salvadoreña. Por su parte, la presidenta de la Asamblea y diputada por el FMLN, Lorena Peña, ve innecesaria una comisión, ya que El Salvador tiene su propio sistema legal para hacer las averiguaciones en torno a acciones ilícitas por parte de funcionarios. La diputada Peña afirmó recientemente en una entrevista televisiva que no es necesaria la intromisión extranjera para investigar la corrupción pues, según ella, "existe manipulación en sus procedimientos". Para ella, lo medular en este caso sería la depuración del sistema judicial y el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República. El magistrado hace la salvedad que solicitar el apoyo de instituciones internacionales, que siempre es bienvenido, tendría que ser algo "complementario", después de agotar internamente aspectos como el fortalecimiento de las instituciones creadas para garantizar el cumplimiento de las leyes en todos los órdenes. "Llamar a tribunales o instancias internacionales sin antes haber agotado los mecanismos de nuestra justicia interna es inconveniente, porque es casi como decir que internamente no sirve la institucionalidad y entonces acudimos hacia afuera", considera el magistrado. Por esta razón, continúa, "el plan 'a' es siempre fortalecer la justicia interna: Fiscalía, Policía, tribunales de justicia, comunicación interinstitucional, dotación de recursos, etc.", pero cuando es insuficiente se recurre al plan "b", que es el apoyo internacional". Es importante el apoyo internacional "Si internamente las instituciones no alcanzan su nivel óptimo en lograr resultados –eso percibe la ciudadanía en la calle–, ¿por qué el país se va a negar (a recibir ayuda)?", cuestiona el magistrado. Para él, los argumentos de soberanía nacional son insostenibles a estas alturas. ¿Por qué el país se va a negar el apoyo de estas instituciones o funcionarios de países que comprobadamente han avanzado en la resolución de estas problemas. "La inconstitucionalidad, por lo menos en el tema del monopolio de la acción penal o el argumento de la soberanía, porque es intervencionismo, no lo veo", insistió. Los argumentos de la diputada Peña para oponerse a la creación de una comisión similar a la Cicig es que en Guatemala no se ha podido parar la corrupción interna ni el narcotráfico en los nueve años de funcionamiento de ese organismo. También indica que en El Salvador "nuestras instituciones son fuertes". Tal como informó El Diario de Hoy en su edición de ayer, el diputado por ARENA, René Portillo Cuadra, lamenta el desacuerdo del FMLN sobre la creación de una comisión, porque permitiría aclarar contratos oscuros, como la construcción de la presa El Chaparral, así como el convenio de Casa Presidencial con la empresa Polistepeque para el manejo de publicidad y la venta de una parte de Alba Petróleos por valor de $340 millones al gobierno de Venezuela. A juicio del diputado Portillo Cuadra, casos como los citados anteriormente deben ser investigados con la mayor prontitud.
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15.07.2015 (15.07.2015)
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