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Guatemala tuvo que ver en el realismo mágico latinoamericano, reputado en buena medida por Miguel Ángel Asturias, el narrador-poeta que escribía miles de páginas fraguando onomatopeyas vívidas (“¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre, sobre la pobredumbre!”) que, en cascadas sonoras, iban dejando historias contradictorias, increíbles, dignas de escribirse, que cualquiera, en otro país, en otra época, juraría que eran imposibles; nosotros no, porque se comparten todos los días en las sobremesas de los almuerzos y, después, en las tardes junto al café y las champurradas. Estas historias siguen ocurriendo y, como diría el mismo Asturias, son las cosas de la vida que preferimos llamarlas novelas. Vamos a explorar una que, de cierta manera, se desprende como matrioshkas rusas.

La primera matrioshka, la más grande, abarca a las potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, al mismo Vladimir Putin, a sus enemigos, a un banco, un millonario, una columnista del Wall Street Journal y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Empezaré, diseccionando las matrioshkas en su “hija” y “nieta”, Trioska y Oska hasta llegar al pequeño Ka (el personaje que le pone fin al ciclo de matrioshkas), que es la CICIG, una oficina respaldada por las Naciones Unidas que apoya a la fiscalía nacional y que ha tenido un alcance incomparable. Ha desnudado, como quizá en ningún otro país del mundo, unas redes de corrupción, de impunidad, que abarcan prácticamente a todos los actores posibles, tanto políticos como empresariales.

Entre cientos de casos (incluidos contra presidentes activos y expresidentes, banqueros, contratistas, diputados, jueces) se desarrolló uno en donde se vio acusada (otra matrioshka -trioska-) una familia rusa, de apellido Bitkov. Tres miembros de la familia fueron condenados el año pasado por uso de pasaportes falsos y usurpación de estado civil a diecinueve años de prisión. En realidad, el tribunal se apegó a la ley penal y encontró las pruebas como parte de una red amplia que operaba en Migración. Sin embargo, son personas acaudaladas que viajaron a Guatemala (aseguran ellos) huyendo de los tentáculos de un banco ruso ligado a Putin, y poseen fondos para armar un lobby importante en contra del caso, arguyendo que han sido perseguidos políticos, asunto que de momento no se pudo comprobar en las instituciones guatemaltecas por lo que no ha sido aceptada la solicitud de adoptarlos como refugiados, que compete al gobierno. De esta petición, nada tiene que ver la CICIG.

Pero el cabildeo nacional e internacional (regresamos a la matrioshka grande) llegó a tal punto que el caso terminó en manos de Bill Browder, un multimillonario estadounidense quien es influyente en el Congreso y el Senado de su país y quien empezó a promover la Ley Global Magnitsky como medida ante las arbitrariedades rusas y con ella poder congelar los fondos que personas acusadas de terrorismo puedan poseer en territorio estadounidense. Esta ley ha sido aplicada a muchos acusados de violaciones a los derechos humanos y recientemente se le aplicó al diputado Julio Juárez, cercano al actual presidente guatemalteco Jimmy Morales (incluso pertenecen al mismo partido) por estar señalado de ordenar el asesinato de dos periodistas.

Browder, quien apoya los casos donde cree que está involucrado Putin, no se ha tomado el tiempo de ver el resto de la familia de las matrioshkas (Trioska, Oska y menos al niño Ka, la CICIG) en el panorama y, sin pruebas, asume (sin que exista ningún vínculo ni indicio de vínculo) que Putin manipuló a la justicia guatemalteca para condenar a los rusos como una venganza. Esta idea surreal (tomando en cuenta que la crítica hacia la CICIG ha sido que sigue una agenda estadounidense e incluso el excanciller Edgar Gutiérrez afirma que Rusia se opuso a la instauración de la Comisión) ha sido propagada por la columnista Mary Anastasia O´grady en Wall Street Journal, quien ha participado en dar a conocer al mundo otras conspiraciones con pocos fundamentos; otros comunicadores afines como el cubano Carlos Alberto Montaner han replicado también esta versión.

En Guatemala, el gobierno -quien ha sido el principal enemigo de la CICIG- no le ha dado mucho auge a estos asuntos porque resulta que el actual ministro de gobernación Enrique Degenhart, recientemente nombrado con el fin de ganar espacio en favor de las fuerzas de la impunidad, podría estar involucrado en el caso. Documentos lo vinculan directamente, por lo que, aunque les convenga desprestigiar a la CICIG, el gobierno tiene mucho que perder. A esto se le añade que el representante del banco ruso que acusa a los Bitkov es Henry Comte, abogado afín a Jimmy Morales (quien intentó expulsar al jefe de la CICIG), incluso nombrado por él para ser magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se entendería que es una persona que difícilmente armaría una conspiración junto a la Comisión internacional.

Pero Browder, en las altas esferas en que se mueve y, realmente con la visión de magnate, no voltea a ver las pequeñas matrioshka (su hija y su nieta) en donde se aprecia el avance de la justicia en Guatemala y el trabajo incomparable de la CICIG, pero la American Bar Association se lo hizo saber en un comunicado en el Wall Street Journal, a lo que el multimillonario respondió en twitter con cierto desdén.

Lo risible de todo este asunto es que Browder está dándole pelea a una lucha para sacar de la cárcel a los Bitkov, en teoría para cortar las garras de Putin en Latinoamérica, cuando realmente la relación entre el Ministerio Público y la CICIG no tiene que ver en lo mínimo con el gobierno de Rusia. La afirmación es en verdad inverosímil porque los detractores de la CICIG han tardado años en montar un discurso martillando que esta oficina se trata de una intervención extranjera, manipulada por Estados Unidos, y lo han dicho tantas veces pues es el único discurso que les queda para intentar frenar las oleadas de casos de corrupción. Grupos cercanos al empresariado guatemalteco afirman que la CICIG es una conspiración de la izquierda internacional.

Pero por el otro lado, el FMLN y el Foro de Sao Paulo, las izquierdas latinoamericanas, se posicionaron en contra de la CICIG para que no pudiera ser replicable en otros países, en donde gobiernos de izquierda han sido señalados de corrupción, porque lo considerarían un instrumento norteamericano.

A lo que nos lleva a concluir es que, ante la rara posibilidad de que exista un órgano con expertos nacionales e internacionales que tenga por agenda la desarticulación de cuerpos ilegales que tienen capturado al país provocando una pobreza generalizada (que comparte en mayor o menor medida casi toda Latinoamérica); ante la poca probabilidad de que exista un órgano auténtico, independiente, se opta por vender una instrumentalización, a veces de mala fe y a conveniencia, otra veces por no conocer la realidad del trabajo de un equipo que investiga casos y muestra la verdad apestosa de un sistema político.

Pero acá nada nos asombra, ninguna teoría de conspiración (ahora a favor de Putin) suele ser demasiada, porque vivimos en un interminable e ininterrumpido delirio, donde los muertos votan, los presidentes son comediantes, los diputados asesinos de reporteros, los alcaldes defecan públicamente y se graban en vídeo; algunos acusan al embajador de Estados Unidos de ser socialista, en este lugar donde además tenemos dos premios Nobel, una cultura maya impresionante, pero se discriminan abrumadoramente a sus descendientes directos; ya nada nos sorprende. Respirar en medio de lo insólito es el pan que saboreamos a diario.

Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
 
Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.

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16.04.2018 (hace 2 días)
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