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La muerte de tres personas a causa de los disparos de agentes policiales, ocurrida en Las Jagüitas, en Managua, provocó llanto e indignación entre familiares y vecinos en el barrio Augusto C. Sandino. La jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, enfrentó la demanda de la población de que el hecho no quede impune.

A medida que avanzaba Granera a lo largo de una angosta calle hasta llegar a mitad de la misma donde bajo un toldo permanecían los féretros, esta encontraba recriminación. Un pariente de Milton Reyes (jefe de la familia atacada), por ejemplo, le refirió: “Están dando un comunicado y están inculpando a mi primo por algo que no fue así”.

Granera rogó “no, no”, para después decir “léanlo bien y van a ver que no es así”. Sin embargo, el vecino le insistió: “Todos lo escuchamos, toda Nicaragua lo escuchó”.

En ese hecho fallecieron Katherine Anielka Ramírez Delgadillo, de 25 años; José Efraín Pérez Ramírez, de 13 años, y Aura Marina Reyes Ramírez, de 11 años. Y resultaron lesionados otros dos niños: Miriam Natasha y Milton Ezequiel Reyes Ramírez, de 5 y 4 años, respectivamente.

Granera agradeció a uno de los parientes de los fallecidos “la confianza y el respeto que ha tenido para con nosotros y no le vamos a fallar, se lo prometo”. A otro que le demandó justicia “porque esta fue una barbaridad”, ella le dijo que “la van a tener”.

NOTA DE LA INCONFORMIDAD

Una nota de prensa emitida a tempranas horas del día había incomodado aún más a vecinos y familiares. A través de la misma la Policía informó que 14 efectivos de la fuerza operativa antinarcóticos están detenidos en El Chipote y una vez finalizado el proceso investigativo “quienes se encuentren con responsabilidad serán puestos a la orden de la Fiscalía para que se haga uso del ejercicio de acción penal y se aplique la ley con todo rigor que esta tragedia demanda”.

Sin embargo, en la misma la Policía explica que el hecho ocurrió cuando los policías permanecían apostados a la espera de un carro blanco que trasladaría un cargamento de droga. Y que el vehículo conducido por Milton Reyes Martínez, con características similares, “en vez de atender la señal de alto de los policías aceleró la marcha”.

Consultada Granera si el hecho de no detener la marcha era causa suficiente para disparar, dijo escuetamente “no”. Y agregó: “Hija, si hubiese sido una causa no estuvieran detenidos los compañeros, ni estuviera abierto un proceso investigativo”.

¿POLICÍAS ENTRENADOSPOR CUBANOS?

Hay fuentes extraoficiales que afirman que en Las Jagüitas quienes en realidad participaron en el operativo policial fueron miembros de las fuerzas especiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). Al mando del mismo habría estado un subcomisionado de apellido Serrano.

El grupo es entrenado, según la fuente, por integrantes de una brigada cubana compuesta por cincuenta oficiales, que mantiene un programa de capacitación en Nicaragua desde hace cuatro años.

La fuente extraoficial asegura que los cubanos ocupan al menos treinta habitaciones en un hotel capitalino, cuya factura supuestamente es pagada desde la Presidencia de la República. El jefe de estos cubanos, de apellido Pérez, se moviliza en un vehículo negro y tiene el grado de teniente coronel.

En tanto, fuentes policiales sostienen que los agentes que participaron en ese operativo la noche del sábado son de los que ingresaron por razones partidarias a la Policía.

No obstante, Granera manifestó: “Miren, aquí todos los policías tenemos un solo mando, todos los policías estamos con las mismas reglas”.

En marzo del 2010, el presidente inconstitucional ordenó disolver la Unidad Especializada Anticorrupción de la Policía, la unidad élite que estaba directamente bajo las órdenes de Granera para investigar los hechos anómalos que involucraba a agentes policiales. La creación de esa unidad fue autorizada por el entonces presidente Enrique Bolaños.

Y esto coincide con lo que ha conocido en el terreno Carlos Alberto Alemán, primo de Reyes. “Andaban encapuchados (…), varios (testigos) me confirmaron que unos estaban arriba de casas, otros así subidos en alto. Me los describen que andaban de negro o (u) oscuro y de pasamontañas”.

“Yo lo que pido es justicia”, dijo Máximo Antonio Reyes, el padre de Milton Reyes y abuelo de los niños fallecidos, quien dijo: “Nos han ayudado, es cierto, hasta más no poder, pero… que esto no quede impune”.

El padre de Milton expresó su desconfianza en que los oficiales que dispararon están detenidos, pues “yo no les he visto la cara, no sé cómo se llaman”.

“VIOLARON PROTOCOLOS”

Tal y como describen los testigos, para el especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, los policías estaban emboscados.

Recordó que ya son casos reiterativos del abuso señalado a la Policía y el elemento común es el abuso en el uso de las fuerzas y recordó casos como el de un niño muerto en La Paz Centro o el de un escolta de Granera que rafagueó a unas personas cerca de una parada de bus en Managua, entre otros.

Orozco refirió que en este caso de Las Jagüitas, por la distribución de las fuerzas, los policías tenían preparadas tres emboscadas. Lo que indica que todos los protocolos fueron violentados, señaló Orozco, a quien le llama la atención la contradicción profunda en cuanto a que “son gente experta, pero por negligencia violaron los protocolos”.

Orozco recordó que el protocolo de Naciones Unidas, ratificado por la Policía, establece “que si no me amenazan con un arma, no puedo hacer uso de arma de fuego”. Por tanto, los ocupantes del vehículo conducido por Reyes debieron haber disparado primero para que la Policía reaccionara, expuso Orozco. Además recordó que el protocolo establece que si alguien evade el retén, que debe estar previamente identificado con señales, conos, por ejemplo, se debe realizar una persecución y no ejecutar una balacera.

PROCEDIMIENTOS

Un exoficial de la Policía manifestó, por su parte, que “es probable que hayan cambiado procedimientos o no se aplican los que pueden estar vigentes todavía. Procedimientos que tienen como norte el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o los de ONU; más otros instrumentos internacionales y la propia legislación nacional en materia de garantizar los derechos humanos”.

Recordó el oficial retirado que los planes operativos tienen todo un proceso de elaboración, revisión, aprobación, supervisión y evaluación. Por tanto, el escalafón de oficiales y jefes que participan no es limitado.

“Un operativo policial para neutralizar u operar in fraganti requiere de información, la que debe ser verificada, analizada y de ahí se genera la parte operativa”, indicó el exagente.

Apuntó que si bien es cierto la fuente inicial en casos de narcoactividad puede ser secreta, el procedimiento para operar es público, porque la actuación policial y sus resultados tendrán que presentarse como parte de las diligencias policiales para demostrar la presunción de la delincuencia y el cuerpo del delito.

“Este hecho”, señaló el oficial en retiro, es grave, “(si) se expone en un encuentro de policías a nivel internacional en el 2015 y quedan asustados”.

Y en un examen de la academia policial “quedan aplazados”, pues recordó que en un operativo debe estar personal policial claramente identificado hasta por razones de autoseguridad. En estos casos, explicó el exagente, debe garantizarse iluminación para identificar y registrar, limitar espacios, entre otros, y pueden estar “apostados” los cooperantes, quienes podrán intervenir solo cuando el personal que está en la vía les requiera.

DESFILAN AUTORIDADES

Desde el domingo que velaron los restos mortales de las víctimas desfilaron funcionarios de la Alcaldía, como la alcaldesa inconstitucional Daysi Torres; el secretario general de la Alcaldía, Fidel Moreno, y miembros de la Juventud Sandinista con camisas con propaganda partidaria. Y hasta el padre Neguib Eslaquit.

Según Carlos Alberto Alemán, primo de Milton Reyes, a su sobrino le han dicho “que no nos preocupemos, que le van a dar el carro nuevo, que lo van a indemnizar, que van a asumir todos los gastos, como efectivamente lo han hecho; primero llegó la Alcaldía, Fidel Moreno. Les agradecemos, pero ya utilizarlo (la tragedia) como lo están haciendo, ya utilizando a jóvenes para otras cosas, ya no lo veo conveniente”.

GRANERA: “YO NO VOY A RENUNCIAR”

“Yo no voy a renunciar”, sostuvo ayer la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, al ser consultada sobre la demanda de un grupo de ciudadanos que se apostó frente a Plaza El Sol para demandar que se investigue el caso y demandar su renuncia. “Que renuncie, que renuncie”, coreaba ayer el grupo de ciudadanos.

La diputada suplente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Silvia Nadine Gutiérrez, expresó que la tragedia de Las Jagüitas demuestra que “los que no estamos con el poder estamos en indefensión”. Suyén Barahona, otra manifestante, condenó el hecho, al tiempo que refirió: “Estamos ya hartos de los abusos policiales, este no es el primero ni será el último; pedimos no solo la renuncia de Aminta Granera, (sino también) que cambie el sistema policial”.

Barahona recordó que el miércoles pasado un grupo de manifestantes había sido vapuleado frente al Consejo Supremo Electoral . “Estamos pidiendo la renuncia de Aminta Granera y también la de Daniel Ortega, que es cómplice en estos abusos”, afirmó. También Ortega es responsable de esta matanza, dijo Yohana Estrada, tras recordar casos como los de Ciudad Darío y El Carrizo. “En este país no hay institucionalidad y eso es porque hay una dictadura, aquí no prevalece la ley, aquí no hay un Estado de Derecho, lo que hay es un Estado fallido”, sostuvo Estrada.

LO QUE DICE LA LEY 872

El Capítulo II, de la Ley en funciones de la Policía, que reemplazó a la Ley 228, Ley Orgánica de la institución, incorporó al presidente de la República como jefe supremo. Dicha Ley fue promovida en la Asamblea Nacional por el presidente inconstitucional Daniel Ortega. En lo relativo a mando institucional, atribuciones y funciones, el artículo 10 de ese capítulo establece:

“La jefatura suprema de la Policía Nacional es ejercida por el presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo” . Y tiene, entre otras atribuciones: disponer de las fuerzas y medios de la Policía Nacional en conformidad con la Constitución Política y la Ley y nombrar al director o directora general de la Policía Nacional entre los miembros de la Jefatura Nacional, así como a los subdirectores generales y al inspector general. Y otorgar los grados de primer comisionado o primera comisionada y comisionados generales.

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