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Tribunal superior anuló totalmente el proceso penal. Eximputados ahora van tras los sueldos que no les han pagado

La Cámara de la Tercera Sección del Centro, San Vicente, declaró nulidad absoluta de todo el proceso penal contra seis militares que eran acusados del hurto de más de mil 800 granadas del tipo M-67 para venderlas al crimen organizado, según la resolución del referido tribunal emitida el 9 de julio anterior. Los militares favorecidos son el capitán José Mario Mejía Hernández; los sargentos Francisco Morales Miranda, Gilberto Espinoza Hércules y Víctor Manuel Peña González. Así como el cabo Jorge Nerio Lipe y el soldado José Luis Chacón Romero. El 22 de octubre de 2014, los primeros tres fueron absueltos de todos los delitos de que los acusaba la Fiscalía General de la República (FGR) y sólo los últimos tres habían sido condenados a tres años de prisión por el delito de hurto agravado imperfecto (que no se concretó). La pena de prisión les fue sustituida por trabajo de utilidad pública. Ante esa resolución, la Fiscalía apeló la sentencia y propuso, en su recurso, que todos los imputados fueran condenados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción de armas de guerra y comercio y depósito de armas. Según la referida Cámara, la nulidad es porque los hechos tipificados como delitos fueron cometidos por militares en servicio activo y los objetos hurtados eran armas propiedad de la Fuerza Armada. La resolución judicial indica que la sustracción de armas está sancionada por el Código de Justicia Militar y está comprendida en los delitos de robo y hurtos militares que regulan los artículos del 147 al 149 del mencionado Código. El artículo 149 expresa que "se considera hurto militar el cometido por personas sujetas a jurisdicción militar de objetos a que se refiere el Art. 147, que define como tales a las armas, pólvora, municiones, documentos u otro efecto militar, de propiedad del Estado y adscrito al servicio militar". La declaración de nulidad absoluta del proceso también favoreció al sargento Peña González, al cabo Nerio Lipe y al soldado Chacón Romero, pues la Cámara ordena que se deje sin efecto la condena que fue impuesta a estos y que fue reemplazada por trabajo de utilidad pública. El caso El proceso contra los seis militares inició en mayo de 2011, luego que se descubriera que a finales de abril de ese mismo año se habían vendido, en tres ocasiones, cientos de granadas que habían escondido con ese fin en la Hacienda El Ángel II, de Tapalhuaca, La Paz, que es propiedad de la Fuerza Armada y utilizada para entrenamiento militar y como campo de destrucción de armas y explosivos caducos o inservibles. De acuerdo con el proceso judicial, los eximputados simulaban la destrucción de cientos de granadas M-67 clasificadas como inservibles. Sin embargo, destruían una parte y escondían otra. Luego las negociaban supuestamente con personas que se las llevaban para Guatemala y para México. Antes de que la Fiscalía los procesara en tribunales comunes, los seis eximputados ya habían sido absueltos por un tribunal militar, según indicó uno de los abogados defensores que pidió omitir su identidad. Ante eso, de acuerdo con el abogado, la Fiscalía prácticamente no tiene más que hacer, pues si intentara llevar el caso a la jurisdicción militar, los defensores alegarían el hecho de que ya fueron declarados no culpables en ese ámbito. "En lo militar los absolvieron porque no había pruebas contra ellos", afirmó el abogado. Ayer, El Diario de Hoy intentó obtener la posición de la Fiscalía, pero al cierre de esta nota (7:30 de la noche) esa entidad no se había pronunciado al respecto pese a la gestión hecha a través de la oficina de prensa. De acuerdo con uno de los abogados defensores, no es que los militares sean inocentes. "Lo que pasó aquí es que el Estado, a través de la Fiscalía, no fue capaz de probar la culpabilidad de los acusados". Para rematar, de acuerdo con algunos defensores, los militares apuntan ya sus baterías hacia un proceso judicial mediante el cual pedirán que les paguen todos los salarios que no les fueron cancelados mientras estuvieron detenidos algunos y, otros, suspendidos del servicio militar. "Ellos tienen derecho porque siempre estuvieron de alta", indicó uno de los defensores. De ganar el caso, el estado tendría que pagarles, en conjunto, unos 100 mil dólares, sostuvo la fuente.
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15.07.2015 (15.07.2015)
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