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En julio de 1969 El Salvador y Honduras, dos estados pobres y deficientemente armados, se enfrentaron en una guerra sin contar con potencial económico para llevarla a su término. La empresa significó un gigantesco derroche de recursos escasos, pero despertó en ambos países movilizaciones ciudadanas sin precendentes.

Como la mayoría de los acontecimientos bélicos, la guerra de 1969 entre El Salvador y Honduras desencadenó sentimientos de odio intenso entre ambos pueblos y produjo abusos graves en contra de los nacionales de ambos países, principalmente en contra de la numerosa minoría salvadoreña establecida en Honduras. Pero al mismo tiempo estimuló el surgimiento de sentimientos y prácticas solidarias colectivas al interior de los estados beligerantes en una escala sin precedentes históricos conocidos.

La extensión, profundidad e intensidad de las movilizaciones patrióticas en ambos países fue básicamente el resultado de la confluencia de dos factores: el poder de la apelación patriótica desde la cumbre de la estructura estatal, y la visión compartida por los protagonistas de la movilización de ser parte de un acontecimiento trascendental en el que estaban en juego intereses superiores, explícitos e incuestionables, sintetizados en la figura de la defensa de la patria y de la dignidad de la nación. La identidad patriótica de la movilización explica su cohesión a pesar de su diversidad multisectorial.

La movilización patriótica salvadoreña tuvo lugar en un contexto histórico de liberalización política en las principales áreas urbanas de la república. Una buena parte de las organizaciones sectoriales, magisteriales, profesionales, estudiantiles, cristianas, etc., que participaron en la movilización fueron creadas durante el período de liberalización política permitido por los militares en la década de 1960.

La movilización social patriótica salvadoreña hubiera sido imposible sin la cobertura mediática de la lamentable situación de los compatriotas expulsados de Honduras. La cobertura mediática del interminable influjo de compatriotas violentamente despojados y expulsados de Honduras, junto con la difusión de un discurso patriótico autojustificativo construido alrededor del tema de la dignidad ofendida de la Nación, mantuvieron viva a la movilización, originalmente humanitaria, transformada luego en “Cruzada por la Dignidad Nacional”, y finalmente en una movilización patriótica de apoyo a la “Guerra de Legítima Defensa”.

La masividad de las expulsiones de salvadoreños y su carácter ininterrumpido alarmaron a las autoridades salvadoreñas, que al principio había intentado disimular la magnitud del problema ante la opinión pública nacional. La intervención de las autoridades en las actividades de recepción y asistencia a los recién llegados fue relativamente tardía. Iniciativas locales y regionales de ciudadanos y de comités locales de la Cruz Roja brindaron espontáneamente la primera ayuda a los grupos de expulsados. La autorización oficial a las autoridades militares y civiles para intervenir en auxilio de los refugiados en los departamentos más impactados por el éxodo procedente de Honduras emanó del Alto Mando de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES). La movilización para socorrer a los expulsados fue estructurada y controlada por las autoridades militares y civiles del país mediante el encuadramiento de las iniciativas ciudadanas en estructuras de vigilancia y control redimensionadas en función de la crisis. El Comité de Emergencia Nacional, bajo predominio militar, y no el Bloque de Unidad Nacional, que incluía a los partidos políticos de oposición, era la instancia que ejercía el control supremo de todas las actividades relacionadas con el estado de emergencia prebélica que vivía el país. El Comité de Emergencia fue presidido por el Vicepresidente de la República, que a su vez era el titular del Ministerio del Interior y, por lo consiguiente, podía controlar a las gobernaciones departamentales y a las alcaldías de todos los municipios del país. El control gubernamental de la movilización a través de la red de comandantes departamentales, gobernadores departamentales y alcaldes municipales fue complementado por la organización de los Comandos Civiles que, además de colaborar en actividades de asistencia a los expulsados, desempeñaron funciones de vigilancia y mantenimiento del orden en la retaguardia. Las patrullas cantonales y las decenas de miles de campesinos encuadrados en ORDEN mantuvieron la tranquilidad en el campo. La intervención de las instituciones del Estado estableció claramente los límites de la movilización popular patriótica.

A pesar de que los comunistas salvadoreños hicieron público su propósito de “paralizar la lucha de clases” para favorecer la consolidación de la unidad nacional, la preocupación de las autoridades por el supuesto peligro de la subversión comunista fue permanente durante la crisis.

El gobierno salvadoreño desalentó, mediante advertencias públicas del propio Presidente de la República, cualquier iniciativa que se apartara del trazado oficial e ignoró propuestas que implicaban coparticipación en las decisiones relacionadas con los planes de reintegración de los miles de retornados, formuladas por los maestros organizados en ANDES 21 de Junio. Durante el período previo a la guerra hubo numerosísimas expresiones ciudadanas de adhesión a las medidas gubernamentales pero muy poca deliberación y proposición desde la llanura. La autocensura fue favorecida por las circunstancias extraordinarias del momento, que desaconsejaban cualquier crítica pública al gobierno que pudiera debilitar al movimiento de unidad nacional y favorecer al enemigo.

Mapa de la toma de Nuevo Ocotepeque, en Carlos Pérez Pineda, El Conflicto Honduras-El Salvador, Julio de 1969 (San José, Costa Rica, 2014) p. 56.

Mapa de la toma de Nuevo Ocotepeque. Tomado del libro El Conflicto Honduras-El Salvador, Julio de 1969, de Carlos Pérez Pineda.

Las expresiones masivas de solidaridad con los refugiados revelaron un nivel de integración social y cultural insospechado en una sociedad atravesada por pronunciadas inequidades y con marcadas tendencias a la conflictividad social y política. La escala de la movilización rebasó la capacidad de los partidos políticos para servir de vehículo a las múltiples iniciativas de una diversidad de actores que hasta ese momento habían pasado relativamente inadvertidos en la arena pública. Los partidos políticos tuvieron en realidad un protagonismo muy débil en la puesta en escena de las numerosas prácticas solidarias de identificación grupal que caracterizaron a la movilización.

La escena pública salvadoreña fue temporalmente revitalizada por una ciudadanía políticamente desarticulada pero con capacidad de impulsar una acción colectiva legitimadora de carácter cívico-patriótico. La voluntad política manifestada durante la movilización patriótica no adquirió autonomía propia a pesar del intento de algunas organizaciones gremiales, bajo la influencia de la izquierda, de reorientar las manifestaciones incondicionales de adhesión hacia una modalidad de apoyo crítico a las autoridades gubernamentales. Hubo oposición y disenso en la unidad nacional, pero una oposición líquida, diluida fácilmente en un océano embravecido de voces nacionalistas animadas por una cultura de guerra. La aparición de voces discordantes en la retaguardia salvadoreña durante la crisis fue la excepción y no la norma. La movilización no fue un movimiento autónomo, sobre todo porque sus protagonistas optaron por colocarse mayoritariamente detrás del gobierno y de la fuerza armada.

La movilización hondureña fue precedida por la construcción y difusión de discursos políticos excluyentes y legitimadores de las nuevas políticas nacionalistas del gobierno hondureño en los temas migratorio y agrario cuyas consecuencias inmediatas propiciaron la crisis. El intento del gobierno de Oswaldo López Arellano, y de los grupos de poder que lo respaldaron, por erradicar mediante procedimientos abusivos y violentos a la numerosa minoría salvadoreña de suelo hondureño, no tiene precedentes en la historia de Iberoamérica. La difusión de discursos nacionalistas acerca del “otro” contribuyó a embotar la empatía hacia las víctimas de las nuevas políticas de una parte tal vez muy considerable de la sociedad hondureña que, en general, no protestó por el trato injusto del que fue objeto la minoría salvadoreña en el país.

Los abusos y la violencia contra los salvadoreños no fueron motivados por el comportamiento de los individuos contra los cuales fue dirigida, sino por razones supraindividuales, es decir, por su pertenencia al bando enemigo y por encajar en el perfil estereotipado del guanaco pernicioso. El estereotipo más simple del intruso salvadoreño, abusivo y amigo de lo ajeno, se articuló en una variedad de contextos con otros estereotipos negativos atribuidos al mismo sujeto, produciendo un encadenamiento lógico, como por ejemplo, la denuncia pública del “salvadoreño infiltrado” ejerciendo funciones de autoridad se asociaba a conductas ilegales y actitudes reprobables como la alteración de documentos de identidad o la carencia de los mismos; engaño, deshonestidad, corrupción de funcionarios públicos locales, actividades de quinta columna, planes de expansión de un poder extranjero en busca de espacio vital para sus excedentes de población, agente avanzado de la conspiración para la conquista y desmembramiento del territorio hondureño mediante la agresión armada, y así sucesivamente.

La retórica justificativa de las políticas excluyentes y de la campaña de limpieza antisalvadoreña se nutrió de la demonización del “otro” como el responsable de todos los males, imaginarios o reales, que aquejaban a la nación hondureña. La demonización del enemigo contribuyó a mantener la cohesión social en la retaguardia mediante la permanente agitación en torno al peligro omnipresente de una fantasmagórica quinta columna salvadoreña. El discurso de la presencia amenazante del “otro”, dentro y fuera de las fronteras nacionales, fue un rasgo prominente de la cultura de guerra hondureña antes, durante y después de la guerra.

La violencia coactiva contra los salvadoreños parece haber tenido un considerable componente informal asociado a la fragmentación y dispersión del poder en un espacio territorial desarticulado y a la consiguiente ausencia de un control central efectivo del poder local. Aparentemente las iniciativas locales de violencia coactiva contra los salvadoreños fueron numerosas, y en ellas participaron grupos e individuos que no eran agentes directos del Estado, como los miembros de la Mancha Brava y algunos vecinos, junto a otros que si lo eran —agentes del CES, militares, cabos cantonales, alcaldes―, instigados frecuentemente por los poderosos del lugar. Las relativa autonomía que pudo haber adquirido la campaña antisalvadoreña en Honduras con sus violentos desbordamientos locales no exime de ninguna manera al general Oswaldo López Arellano, a sus colaboradores más íntimos, militares y civiles, a la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y a los medios de prensa de su responsabilidad por haber provocado la crisis que condujo a la Guerra de las Cien Horas.

Una vez desencadenadas las hostilidades, las autoridades militares hondureñas llamaron a los civiles a participar en la defensa armada del territorio nacional. La apelación a los civiles obedeció a la necesidad de reforzar a unidades militares que no disponían de su plantilla completa en el momento de la invasión salvadoreña debido a manejos corruptos de parte de algunos jefes militares, algunos de los cuales fueron denunciados después de la guerra a través de los medios de comunicación. El llamado a los civiles debe ser interpretado también como un indicador inequívoco de que las fuerzas militares regulares hondureñas se encontraban en una situación desesperada después de haber sufrido sensibles derrotas y numerosas bajas en los primeros combates contra las tropas invasoras salvadoreñas. Las fuerzas armadas hondureñas fueron objeto de alguna crítica después de la guerra por haber enviado a civiles mal armados y sin instrucción militar a una muerte segura.

Al producirse la movilización patriótica, el Comité Cívico Pro-Defensa Nacional de Honduras desalentó públicamente la participación de funcionarios públicos —gobernadores políticos, jefes militares y alcaldes―, en los comités departamentales y locales, marcando de esa manera una diferencia esencial con la experiencia de la movilización salvadoreña.

Al iniciarse la guerra, muchas iniciativas para la defensa del país provinieron de actores civiles. El transporte, el abastecimiento de las tropas de combate y los servicios médicos en la proximidad de los frentes de batalla fueron suministrados en gran parte por organizaciones civiles movilizadas para enfrentar la emergencia nacional. La necesidad de concentrar a todas las fuerzas militares y paramilitares en la defensa nacional relajó el control de las instituciones del Estado en la retaguardia, confiriendo a la movilización hondureña un perfil más autonómico y popular que en el caso salvadoreño, por lo menos durante el corto tiempo que duró la guerra. La campaña cívica de emergencia nacional dirigida no por militares, como en El Salvador, sino por connotados representantes de las fuerzas reformistas del país, el pronunciado protagonismo civil en la defensa armada de la nación y una experiencia popular inédita en el contexto de una movilización patriótica sometida a controles menos rigurosos que la movilización salvadoreña, imprimió su sello al escenario político de la inmediata posguerra en Honduras.

En Honduras hubo una campaña mediática previa de satanización y de construcción de la otredad del salvadoreño con el propósito de justificar el giro radical de las políticas migratoria y agraria del gobierno hondureño. El inmigrante salvadoreño fue descrito insistentemente a través de los medios de comunicación social como un infiltrado, un ente extraño y perjudicial enquistado en el organismo social de la nación hondureña. Durante la crisis de 1969 se implantó un nuevo vocabulario en el que fue muy significativa la predilección por una serie de términos despectivos para designar al adversario degradándolo. Ser guanaco o catracho se convirtió, en sus nuevas connotaciones, en términos para designar injuriosamente a un adversario convertido en enemigo mortal a partir del 14 de julio de 1969.

Portada del libro El Conflicto Honduras-El Salvador, Julio de 1969, de Carlos Pérez Pineda (San José, Costa Rica, 2014).

Portada del libro El Conflicto Honduras-El Salvador, Julio de 1969, de Carlos Pérez Pineda (San José, Costa Rica, 2014).

 

*Carlos Pérez Pineda tiene una maestría en Historia de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en Socionomía (Socialhögskolan) por la Universidad de Lund, Suecia, y una licenciatura en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Actualmente funge como director nacional de Investigaciones en Cultura y Arte en Secultura. Este artículo resume algunos de los argumentos principales de su libro El Conflicto Honduras-El Salvador, Julio de 1969, descargable aquí.

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13.07.2015 (13.07.2015)
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