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Tras el enfrentamiento del pasado miércoles 8 de julio, varios de los manifestantes resultaron con golpes y  lesiones de consideración. LA PRENSA/JORGE TORRES

La Policía Nacional justificó ayer la actuación violenta con que disolvió una protesta el pasado miércoles, en las cercanías del Consejo Supremo Electoral (CSE), en Managua. Ese día, según la Policía, la protesta transcurría con normalidad hasta que un grupo de manifestantes destruyó las vallas metálicas “y haciendo uso de los tubos de hierro se lanzaron a agredir a hombres y mujeres policías, convirtiendo una protesta pacífica en una agresión violenta contra el cordón policial”. Al tiempo que seis agentes resultaron lesionados.

Casi de inmediato el Partido Liberal Independiente (PLI) publicó que las múltiples imágenes evidencian que “la Policía arremetió con tropas especiales, bombas lacrimógenas y balas contra una manifestación pacífica donde había jóvenes, mujeres, niños y personas de la tercera edad”.

“Es un hecho público y documentado que en ningún momento los manifestantes intentaron romper el cordón policial, mediante el cual arbitrariamente se les impedía el paso, sino que por el contrario, la Policía rompió filas y arremetió fuera del área restringida, contra manifestantes, incluyendo diputados y periodistas plenamente identificados”, dice el PLI.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

La nota del PLI agrega palabras de su presidente, Eduardo Montealegre, en cuanto a que   “la represión contra la manifestación pacífica del miércoles, las lesiones contra civiles, el arresto ilegal de diez diputados de esta bancada y la negativa policial a asumir su responsabilidad   evidencia un patrón de violación a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, en un vano intento de acallar las justas demandas sociales y políticas del pueblo nicaragüense”.

El diputado del PLI, Armando Herrera, recordó “que toda acción genera una reacción: si la gente se enfadó es producto que la Policía está impidiendo ejercer el derecho ciudadano a movilizarse, a manifestarse, a protestar”.

Las agresiones de la Policía hacia la población comienzan desde temprano ese día, apuntó Herrera, quien recordó que a muchos les impidieron la libre movilización. “Eso es constitucional (movilizarse, manifestarse)”, apuntó Herrera, quien resultó con las costillas inferiores derechas fracturadas a causa de las patadas recibidas.

DIPUTADO VALLE CON RIESGO DE PERDER EL OJO DERECHO

El diputado Augusto Valle fue uno de los que resultó más afectado por la golpiza recibida ese día. Los médicos le han dicho que está en riesgo de perder el ojo derecho a causa de la agresión.

“Me dijeron que podía perder el ojo por infección de la sangre, aunque no me quebraron el rostro, pero la contusión es tan grande que tengo diluida toda la sangre mala”, señaló Valle. Él tiene además dos fracturas pequeñas en la mano derecha, laceraciones en todo el cuerpo y dice que con él “se ensañaron”, pues lo agarraron a patadas, al tiempo que menciona que otro que recibió similar tratamiento fue el también parlamentario Pepe Matus.

A criterio de Valle, la agresión fue dirigida contra ellos, “ya nos tenían identificados”. Y señala al inspector general de la Policía, Pablo Emilio Ávalos, de dirigir la agresión.

Valle rechaza la afirmación policial de que los manifestantes atacaron primero a los agentes. “Si nosotros hubiéramos querido entrar violentando a la Policía, no hubieran soportado a las quinientas personas que íbamos”, afirmó Valle.

Valle recordó que los policías primero golpearon a mujeres y luego “se fueron encima de nosotros; nosotros no llevábamos ni armas ni garrotes, no más que banderas. A mí me agredieron y no llevaba nada, más que el megáfono”.

Con Valle coincide también Herrera: “Esta es una acción meramente política, porque de 12 presos, más de la mitad éramos diputados, o sea, fue con pinza, una actitud totalmente escogida”.

NO HUBO PREGUNTAS

La Policía invitó ayer a una conferencia, pero lo que ahí hubo fue una comparecencia en la que la comisionada mayor Magdalena Fonseca solo leyó una nota de prensa y presentó un video con parte de las imágenes de lo que ocurrió el miércoles pasado.

En la misma la Policía alega que actuó conforme con la Constitución y la Ley 872, pues “tiene la obligación de garantizar el orden y la libre circulación de las personas y del transporte público y privado”, al igual que definir “dispositivos de seguridad”, tal como definió el área donde está el Consejo Supremo Electoral.

“Es típico de todo régimen autoritario, de todo régimen dictatorial, el querer tapar los hechos y deformar la realidad. Mi criterio es que ellos están leyendo la Constitución al revés”, manifestó Herrera, quien calificó de “amorfa” la explicación policial sobre la zona de seguridad, tratándose de Metrocentro una de las zonas de mayor tránsito en Nicaragua y no es una zona policial.

“La Policía no halla cómo justificar el exceso de violencia, no halla cómo justificar el derramamiento de sangre, porque a nivel nacional están desacreditados”, afirmó Herrera.

Valle y Herrera dijeron que volverán el miércoles a protestar, pues es un reclamo justo, pues lo que demandan es que hayan elecciones libres, transparentes, cédulas para todos, que se abran las instalaciones de los Consejos Electorales Municipales, que haya observación nacional e internacional.

“No vamos a parar, vamos a continuar todos los miércoles (para ver) si nos van a quebrar el resto de las costillas y la cabeza, pues las vamos a poner”, aseguró Herrera.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) condenó “la desproporcionada represión de la Policía Nacional” y demandó el respeto a la libre movilización, a la protesta pacífica y al derecho ciudadano a expresarse libremente. “Estas acciones afectan la imagen y el buen clima de negocios de nuestro país y no ayudan a promover las nuevas inversiones, que tanto necesita nuestra patria”, dice AmCham.

MIEDO A LAS MANIFESTACIONES

“Definitivamente esta es una escalada que va a venirse poco a poco incrementando a medida que se acerquen las llamadas elecciones”, sostuvo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

La defensora de derechos humanos consideró que los hechos del miércoles dejaron al descubierto “ese gran miedo que le tiene Daniel Ortega a las manifestaciones grandes”.

“Eso ya no puede decirse que fue un exabrupto, que fueron hechos aislados, es una política institucional de la Policía dirigida precisamente por el inspector general de la Policía ahí”, criticó Núñez, quien estimó que “aquí en Nicaragua no van a haber elecciones, yo solo quiero repetir y hago mía la frase que en uno de sus escritos puso el doctor Carlos Tünnermann, de que aquí en Nicaragua se puede votar, pero no se puede elegir”. “Cierto, la gente va a votar, hace fila, marca la papeleta, pero no está eligiendo, está participando prácticamente en el show y en el fraude que representa, en el fraude a la gente que cree que está eligiendo”, dijo la presidenta del Cenidh.

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