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Alejandro Castillo
acastillo@lahora.com.gt

OJ obstaculiza el trabajo del MP y CICIG
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue creada en 1998, en teoría, con la intención de modernizar la recaudación tributaria y dar cumplimiento a los compromisos fiscales, sin embargo, una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenció como el propio Estado asaltó a la institución.

Repo6 1c9 300x200 SAT fue asaltada por el propio Estado; CICIG acierta golpe a estructura de contrabando  nacionales  Tras la caída de la red Moreno, el gobierno de Álvaro Arzú se dispuso a crear la SAT pero siempre el tema del contrabando, la evasión y la devolución del crédito fiscal, son temas que han apetecido a las mafias por los millones de quetzales que representan.

La mañana del 16 de abril las autoridades realizaron 33 operativos policiales en diferentes partes del país, para ejecutar 24 allanamientos para capturar a una banda de defraudadores.

En las diligencias participaron 250 agentes de la Policía Nacional Civil, (PNC), fiscales del Ministerio Público (MP) y personal de la CICIG, quienes localizaron en la boutique Emilio, Q5 millones en efectivo.

En el transcurso del día, se fueron develando los nombres de los sindicados, entre ellos empresarios, empleados y Omar Franco, Superintendente de la SAT, así como su antecesor Carlos Muñoz, señalados de defraudar al Estado por medio de una estructura denominada “La Línea”.

¿CÓMO OPERABAN?
Las investigaciones iniciaron bajo la sospecha que en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entidad adscrita a la CICIG, en un periodo de dos años, no recibieron una sola denuncia o querella por contrabando de aduanas por parte de la SAT.
A raíz de la falta de denuncias, la CICIG en mayo del año pasado inició las investigaciones respectivas, donde realizan el primer hallazgo que corresponde a un grupo de importadores, de quienes se sospechó estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes a su vez tenían un grupo de tramitadores aduaneros que facilitaban “el objetivo” de pagar menos impuesto de lo debido.
Al hacer los análisis e interpretación de la información recolectada en la escucha realizada al número de teléfono de la mafia, se logra determinar que parte de la estructura está conformada por empleados y funcionarios de la SAT.
Las investigaciones permitieron identificar que este grupo de funcionarios en contubernio con los tramitadores diseñaron una tabla paralela que contenía los parámetros de cobro para el pago de impuestos, empleados de la SAT realizaban las verificaciones de los contenedores con mercadería.
Los mandos medios se comunicaban con los directivos de la SAT para hacerles de su conocimiento la integración de nuevas personas en la estructura de defraudación, donde la estructura externa superior colocaba a los directores de aduanas y el ex Superintendente Carlos Muñoz y Omar Franco.
Previo al ingreso del contenedor al país, la estructura averiguaba su contenido para realizar el cobro ilegal, cuando el furgón entraba a alguna de las aduanas, marcaban una señal de alerta, donde los personeros de la SAT encargados de las vistas realizaban la llamada a las personas de la estructura externa conformada por los empresarios Ossama Ezzat Azziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortega Ortiz, Miguel Ángel Lemus Aldana, Julio César Aldana Sosa, Julio Stuardo González de León, Herbert Francisco Cabrera Castellanos y Mónica Patricia Jauregui Zamora, quienes posteriormente se comunicaban con los funcionarios estatales.
Entre los empleados de la SAT están sindicados Carlos Enrique Muñoz, ex Superintendente, Álvaro Omar Franco Chacón, Superintendente; Sebastián Herrera Cabrera, jefe de Recursos Humanos; Anthony Segura, Secretario General del Sindicato de la SAT; Gustavo Adolfo Morales Pinzón, jefe de división Región Sur; Karla Mireya Herrera España, administradora, aduana central y Melvin Gudiel, administrador.
Durante el tiempo que estuvo activa la estructura de defraudación, el líder de la mafia era el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas, quien coordinaba a los empresarios y funcionarios de la SAT, quienes se comunicaban con directores de las aduanas y tramitadores para realizar la estafa.
Según la investigación de la CICIG, de mayo de 2014 a febrero de 2015, al menos 500 contenedores pasaron por esa estructura, lo que indica un elevado poder de generador de ingresos llegando a obtener ganancias de hasta Q40 millones a los altos mandos.

“Obviamente se está evidenciando el interés de entorpecer el trabajo del MP y la CICIG, porque la jueza promueve la impunidad, porque favoreció a los jefes de la estructura interna, esto genera dudas de cómo se desarrollará el juicio”.
Helen Mack

Repo6 1d4 300x214 SAT fue asaltada por el propio Estado; CICIG acierta golpe a estructura de contrabando  nacionales  EN TRIBUNALES
En la audiencia de primera declaración el MP y la CICIG presentaron escuchas telefónicas entre los funcionarios, empresarios y Juan Carlos Monzón donde ordenaba nuevos cambios en la estructura de defraudación y se refería a personajes como “la señora”. La CICIG dice que los señalamientos en contra de los capturados están documentados y anunció que tienen más de 66 mil escuchas telefónicas y más de 6 mil correos electrónicos, trabajo que les llevó analizar en cuatro meses.
También el MP, los señala de crear e implementar un procedimiento de ajuste aduanal paralelo al procedimiento regular de la SAT, construyendo de tal forma una legalidad a sus actividades ilícitas y constituyéndose como un grupo que transita entre lo legal e ilegal.
Los investigadores dijeron a la jueza Marta Sierra de Stalling del juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, que los altos mandos de la red de corrupción obtuvieron ganancias hasta por Q40 millones, los mando medios hasta Q15 millones y los mandos bajos unos Q50 mil, únicamente del tiempo que operaron en la mafia.
La juzgadora ligó a proceso penal a los 22 capturados, sin embargo benefició con medida sustitutiva a 6 implicados, por la cual tienen arresto domiciliario, prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse entre el grupo y deben firmar cada 15 días el libro de medida sustitutiva del juzgado. La jueza decretó que las fianzas para hacer uso de la medida sustitutiva son de Q.200 mil y Q.250 mil.
Entre los beneficiados con fianza están Salvador Estuardo González Álvarez, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana Mónica Patricia Jáuregui, y los empleados Carlos Ixtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso.
González Álvarez y Ortiz Arriaga son los cabecillas de la estructura denominada “La Línea”, en conjunto con el ahora exsecretario privado de la Vicepresidencia.

OJ OBSTACULIZA AL MP Y CICIG
Gerson Sotomayor, experto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), lamentó que la jueza Marta Sierra de Stalling haya otorgado medida sustitutiva a los líderes de la estructura de defraudación aduanera porque vulnera la impunidad en el Sistema de Justicia.
“Con la decisión de la jueza, obstaculiza el trabajo de la CICIG, porque hay prófugos de la justicia, todavía falta que se realicen más capturas. La jueza no puede dar medida sustitutiva a los jefes de la estructura delincuencial porque hay sospecha que obstaculicen la verdad y se pueden fugar del país, porque los cabecillas de la mafia aún tienen contactos en las aduanas y es ahí donde se puede facilitar la huida”, expresó Sotomayor.
Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack, refirió que con la decisión de la jueza Sierra de Stalling pone en duda la independencia del Organismo Judicial porque benefició con una fianza mínima a una estructura que estafó al Estado por millones de quetzales.
“Obviamente se está evidenciando el interés de entorpecer el trabajo del MP y la CICIG, porque la jueza promueve la impunidad, porque favoreció a los jefes de la estructura interna, esto genera dudas de cómo se desarrollará el juicio”, indicó Mack.
La entrevistada agregó que la prueba de reivindicarse ante la sociedad guatemalteca lo tienen los Magistrados de Sala de Apelaciones, donde el MP y la CICIG, buscarán revertir la fianza que impuso la titular del juzgado Octavo de Primera Instancia Penal.

“Con la decisión de la jueza, obstaculiza el trabajo de la CICIG, porque hay prófugos de la justicia, todavía falta que se realicen más capturas. La jueza no puede dar medida sustitutiva a los jefes de la estructura delincuencial porque hay sospecha que obstaculicen la verdad y se pueden fugar del país, porque los cabecillas de la mafia aún tienen contactos en las aduanas y es ahí donde se puede facilitar la huida”.
Gerson Sotomayor

LA PIEZA CLAVE QUE AÚN NO APARECE
El pasado 13 de abril Juan Carlos Monzón, quien ese entonces era el Secretario Privado de la Vicepresidencia viajó a Corea del Sur junto a Roxana Baldetti, a una condecoración por una Universidad del país asiático.
Monzón aún se encontraba con Baldetti cuando la CICIG hizo público que él era el líder de la mafia, posteriormente el presidente Otto Pérez anunció que al enterarse sobre los señalamientos de Monzón, la vicemandataria lo destituyó y le solicitó que regresara a Guatemala a solventar su situación legal, sin embargo, el exsecretario aprovechando que estaba fuera del país se fugó, razón por la cual pesa sobre él una orden de captura internacional.
Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), la última información que se tuvo de Monzón fue que estaba en España y recientemente trascendió que estaba en Honduras.

LAS INCONGRUENCIAS DE BALDETTI
La vicepresidenta Roxana Baldetti convocó a una conferencia de prensa el domingo 19 de abril donde aclararía dudas sobre los señalamientos de la CICIG hacia Juan Carlos Monzón, sin embargo, la vicemandataria abandonó la conferencia de prensa con evidente molestia y dejó dudas entre los periodistas.
Baldetti dijo que desconoce la ubicación de Monzón. De esa cuenta, se le cuestionó por qué no indagó al que fue su Secretario acerca de las acusaciones en su contra y señaló: “Yo no tenía por qué preguntar o investigar de más porque no era nuestra investigación”, justificó.
A la funcionaria se le cuestionó insistentemente sobre el día en que volvió al país, lo cual le molestó y en seguida abandonó la conferencia de prensa, dejando en el pódium un documento en el que se observaban detalles de las explicaciones que daría a los periodistas y se leía que ese mismo día había regresado a Guatemala.
Jorge Ortega, vocero presidencial desmintió a la Vicepresidenta, al entregar un documento donde se puede leer que ella regresó al país el pasado viernes, 17 de abril, y no el domingo como la vicemandataria anotó en su hoja de apuntes con la que dio la conferencia.

“Es lamentable que los mismos funcionarios le robaran al Estado, crea un ambiente de desconfianza de los guatemaltecos hacia los gobernantes y el panorama se complica para los que tributan porque no saben si realmente les corresponde lo que están pagando en impuesto, lo que puede generar una situación caótica en temas de recaudación”.
Carlos Martínez

DE PARTE ACUSADORA A ACUSADA
En 2008 Baldetti, en su calidad de diputada, solicitó la renuncia del presidente del Congreso, Eduardo Meyer, por la implicación de su secretario privado en un caso de desvío de fondos públicos. Ahora, la Vicepresidenta se niega a dejar al cargo, pese a que su secretario privado, Juan Carlos Monzón, es señalado de liderar una estructura de defraudación aduanera y contrabando.
El diario español El País publicó el 7 de agosto de 2008 la dimisión como presidente del Congreso de Eduardo Meyer, por la pérdida de Q82 millones de ahorros del Organismo Legislativo.
En esa ocasión, la ahora Vicepresidenta fungía como diputada del Partido Patriota y aseguró que “Meyer es el responsable por ese desvío, aunque diga que él no trasladó los recursos, sí contrató a quienes lo hicieron”, en referencia al secretario privado Byron Sánchez.

Repo6 RECUADRO 300x126 SAT fue asaltada por el propio Estado; CICIG acierta golpe a estructura de contrabando  nacionales  LAS PÉRDIDAS Y EL FUTURO DE LA SAT
Recientemente la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) presentó el estudio sobre Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica, el cual pone de manifiesto que debido a la falta de información y datos vinculados con las autoridades públicas y los sectores económicos afectados, no existen los mecanismos para erradicar estas prácticas ilegales.
Según Asies, los cálculos realizados para Guatemala en 2013 y 2014 dan cuenta que el volumen ilícito en la región podría ubicarse entre el 3.4 y 4.0% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa US $5 mil 880 millones, unos Q45 mil 276 millones.

ONU REITERA APOYO A LA CICIG
La desarticulación de la estructura delincuencial generó que funcionarios y representantes de la sociedad civil elogiaran el trabajo que ha realizado la CICIG, tanto es el apoyo que el Secretario General de la Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon dijo que la entidad está lista para continuar trabajando en Guatemala y reiteró su apoyo hacia la entidad.
Por su parte los empresarios guatemaltecos concentrados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), pidió al Gobierno prorrogar las funciones de la CICIG –cuyo periodo vence en septiembre–.
Jorge Briz presidente del CACIF, expresó que recientemente realizaron una encuesta donde el 71 por ciento de los empresarios de 740 entrevistados están a favor de que continúe la CICIG.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y la Unión Europea y los empresarios también apoyan la labor del ente internacional.

OPORTUNIDAD Y FORTALECIMIENTO
Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que lo sucedido en la SAT, puede representar una oportunidad para realizar cambios significativos en la institución, por ejemplo simplificar los sistemas de tributación, para eso es necesario que se reforme la Ley Orgánica de la SAT, por medio de los diputados.
“Creo que es una buena oportunidad para reformar la ley de la SAT, para tener una simplificación administrativa reduciendo la discrecionalidad para elegir a los funcionarios, si se logra eso se elevará el potencial de ingresos importantes”, indicó Maúl.
El entrevistado agregó que se deben buscar nuevos procesos administrativos que se encarguen de la recaudación.
“El caso de Kolector fue que era de una procedencia dudosa pero hay otras empresas de reconocida honorabilidad que se pueden hacer cargo de la recaudación, cobrando un porcentaje de lo recaudado, aunque eso signifique reducir el personal que labora en la SAT”, dijo el experto.
Para el experto en temas económicos Carlos Martínez, con lo ocurrido en la SAT, ahora el directorio y los intendentes tienen el reto de recobrar la confianza de las personas que tributan porque tienen que seguir tributando para continuar con los proyectos del Estado.
“Es lamentable que los mismos funcionarios le robaran al Estado, crea un ambiente de desconfianza de los guatemaltecos hacia los gobernantes y el panorama se complica para los que tributan porque no saben si realmente les corresponde lo que están pagando en impuesto, lo que puede generar una situación caótica en temas de recaudación”, explicó Martínez.
Abelardo Molina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), coincidió con Maúl en facilitar los procesos de tributación para que sean transparentes y rechazó que la SAT sea intervenida o privatizada como una solución al problema.
“Hay que fortalecer la transparencia institucional porque la institución tiene la capacidad de recaudar los impuestos porque tiene el personal calificado para hacer el trabajo, lo que es necesario es revisar los procesos constitucionales de tributación y los procesos que sean difíciles, simplificarlos para que las personas sepan en qué están dando el dinero al Estado. Privatizar la SAT no es factible porque cobrar impuestos es de obligación pública y no lo puede hacer una empresa privada y si se nombra a un interventor es darle el poder a una sola persona, entonces regresaríamos al mismo círculo vicioso que se toman las decisiones sin consultarlo al directorio”, expresó Molina.

“Eduardo Meyer es el responsable por ese desvío de Q82.8 millones, aunque diga que él no trasladó los recursos, sí contrató a quienes lo hicieron, en referencia al secretario privado Byron Sánchez”.
Roxana Baldetti
Declaraciones emitidas en 2008

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