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POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt

Los grupos de sindicalistas más fuertes del país, que rechazan las reformas al Estado y que apoyan a toda costa la celebración de elecciones para negociar con los políticos, tienen ideas muy claras: Defender el establishment y empezar a moldear su relación con el próximo gobierno.

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La crisis política que convoca a miles de personas para manifestar contra el sistema político y judicial no tiene relevancia para los dos grupos de “trabajadores” más mediáticos, que decidieron recientemente manifestar su apoyo total a la celebración de elecciones generales.

Y la campaña electoral le sirve al líder magisterial y representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo, para tener acercamientos con “todos” los partidos políticos, en lo que él califica como la búsqueda de beneficios para los 210 mil empleados que laboran por la educación pública en el país, sin incluir a los directores y funcionarios del Ministerio de Educación, según explica.

Siguiendo los pasos de Acevedo, el Frente Nacional de Lucha (FNL) –que agrupa principalmente a trabajadores de la salud pública– también está a la espera de acercarse a los políticos más influyentes, para definir su postura en torno a las elecciones.

De acuerdo con el dirigente del FNL, Luis Alpires, en las próximas semanas los “cuadros” de ese movimiento se “alinearán” en la posición política que mejor consideren, con miras a obtener beneficios en un futuro cercano.

Los intereses políticos de los sindicalistas no son un secreto; desde el 2011, los movimientos hicieron firmar a los entonces candidatos a la presidencia, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, una “hoja de ruta” donde los comprometieron a cumplirles con todas las exigencias que ambos sectores demandaban.

Esa razón es por la que los sindicatos que en el pasado eran considerados uno de los movimientos con más influencia política, y que hacían temer a los gobiernos, hoy dan un espaldarazo apoyando al establishment, se oponen a las reformas del Estado y piden que se celebren elecciones.

Su principal preocupación es que se retrasen los planes que vienen ejecutando desde meses atrás, según un analista y un opositor a las acciones de Joviel Acevedo.

SINDICALISTAS Y PRESUPUESTO

El primer aspecto que incluirá la hoja de ruta que firmarán los dos presidenciales que pasen a la segunda vuelta de elecciones, incluirá el compromiso de ampliar el techo presupuestario a los ministerios de Salud Pública y Educación, según los sindicalistas, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las carteras, pero ante todo para dar cumplimiento a los pactos colectivos.

En este tema, según Alpires y Acevedo, los pactos son “criticados” por personas que desconocen el beneficio y la estabilidad de los acuerdos que establecen aumentos salariales para los trabajadores.

Los consultados comentan que durante el gobierno de Pérez Molina en el área de salud se logró presupuestar a 4 mil de 19 mil trabajadores, además se hizo efectivo el pago de Q350 diarios por concepto de viáticos al 70% de sus asalariados, y se hizo el reajuste salarial del 12% a las 210 mil plazas de trabajo en el Ministerio de Educación.

Situación que perjudica las finanzas del Estado, dice el analista Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), porque a pesar de que se mejoran los ingresos de algunos empleados, las finanzas del país pueden llegar a colapsar por la falta de recursos.

Un informe de la Asociación de Estudios de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), refiere que en 2015, el Ministerio de Educación invertirá casi los Q12 mil millones de su presupuesto en el pago de nómina porque el 99% del mismo será utilizado para el pago de salarios de maestros y del personal administrativo. La cifra subió un 8% más comparado con el 2014.

Mientras eso sucede en el área de Educación, en la cartera de Salud, el Estado invertirá más de Q1,832 millones en cumplimiento del pacto colectivo, y ello será al menos por dos años que le quedan de vigencia al referido pacto. El acuerdo incluye la implementación de bonos al salario base, traslado presupuestario, pago de viáticos y otros bonos.

PACTOS Y RECONSTRUCCIONES

A Joviel Acevedo le molestan los cuestionamientos sobre la erogación que hace el Estado para financiar el pacto colectivo, y por eso promete que entre las peticiones para los políticos incluirá la hoja de ruta para la “construcción y reconstrucción” de más de 14 mil aulas, que se necesitan para atender la educación de los niños a nivel nacional.

Según Acevedo, su dirigencia siempre piensa en el bienestar estudiantil, razón por la que pedirá a los dos presidenciables que desde el 2016 se repartan almuerzos escolares, se amplíe el programa académico de desarrollo profesional docente, se entreguen los útiles escolares y libros de texto a tiempo y que se desligue a los maestros del programa valija didáctica, para que pase a manos del Gobierno.

Sin embargo, si el líder magisterial logra un nuevo reajuste salarial sin que se asigne más fondos a la cartera de Educación, existe el riesgo que los proyectos educativos queden sin vigencia porque según el informe de ASIES, el Estado actualmente, invierte solo el 1% del presupuesto asignado, es decir, solo Q122 millones para el remozamiento, construcción de escuelas y proyectos de educación.

Todo lo anterior ocurre en un momento en el que le país atraviesa crisis por una baja recaudación que significaba un déficit de 2,816.6 millones hasta mayo, mientras la deuda del Estado aumenta a 118.9 millardos y los resultados de los alumnos en las áreas de lectura y matemática, son realmente preocupantes.

Las acciones planteadas por Acevedo no son definitivas, sin embargo, ya causan críticas en sus opositores, como es el caso de Bernardo Caal, de la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia, porque según él, la hoja de ruta es una herramienta para “manipular el voto de los maestros y coaccionar a los presidenciales”.

“Los candidatos piensan que Joviel puede ser un buen contacto para acaudalar los votos, y le piden audiencia. Él los coacciona diciéndoles que tienen que firmar un documento haciéndoles creer que manda sobre los maestros. Los candidatos necesitados de votos, ceden, se toman fotos y esas sirven para hacerles creer a los maestros que el candidato ya firmó y que esta vez las cosas si van a mejorar”, dice el sindicalista.

Una situación similar pasa en el área de Salud, comentan algunos empleados que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represarías por parte del FNL y sus dirigentes, entre ellos Luis Lara, que ha mostrado su rechazo a reformar la Ley de Servicio Civil y se manifiesta en contra de aplazar las elecciones generales, pese al clamor ciudadano.

STEG Y FNL DE OPOSITORES A ALIADOS

El STEG y el FNL son organizaciones sindicales sin legitimación, dice el analista Castillo, porque su actuar de defensa al gobierno del presidente Pérez Molina pone en “entredicho” cualquier política que quieran implementar en el próximo gobierno.

Según Castillo, los liderazgos de Acevedo y Lara lo único que han hecho es generar “beneficios y negociaciones espurias con todos los gobiernos, pero especialmente en el actual, porque vendieron la legitimidad y la autonomía del movimiento sindical, por eso, de aquí en adelante, todo lo que planteen estará deslegitimado”.

En los últimos cuatro años, las carreteras del país se han visto abarrotadas por las movilizaciones que coordinan los aludidos, junto con la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), demandando una serie de leyes, ampliaciones presupuestarias, préstamos internacionales y apoyo al mandato del Presidente en medio de los escándalos por corrupción.

En 2013, a petición de Acevedo y Lara, el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q1 mil 500 millones solicitada por el Ejecutivo para cumplir con los compromisos adquiridos en las carteras de Salud Pública y Educación, y en 2014, Acevedo amenazó con salir con manifestaciones si el Legislativo no aprobaba los Q4 mil millones de Bonos del Tesoro y Presupuesto para el actual ejercicio fiscal.

Los sindicalistas han movilizado a grupos de maestros y salubristas para rechazar la acción de la Corte de Constitucionalidad (CC) al dejar sin efecto el tributo de Q5 a cada línea telefónica aprobada en uno de los artículos del gasto público, además pidió la derogación de la denominada ley de vegetales.

MOVIMIENTOS PRESIONADOS

El pasado 18 de junio, el STEG y el FNL desde temprana hora de la mañana salieron de la Plaza El Obelisco hacia el Centro Histórico rechazando cambios a la Ley de Servicio Civil por considerar que esta no beneficia a los trabajadores, además solicitaron la aprobación de algunas normativas.

Sin embargo, una profesora de Huehuetenango denunció a La Hora que la marcha no fue genuina, porque esa se convocó en medio de “presiones” de los dirigentes del STEG, que amenazaron a los educadores con no pagar el Bono 14 si no asistían a la caminata.

La aludida que prefiere el anonimato contó como varios de sus compañeros se limitaron de algunas cosas para pagar Q100 del pasaje. “Los que no veníamos teníamos que pagar Q400 de multa o buscar a alguien que fuera a manifestar en nuestro lugar. Siempre sucede lo mismo”.

Las declaraciones de la aludida se pudieron confirmar con la publicación que hizo el sindicato STEG con sede en Sanarate, El Progreso, porque en su perfil de Facebook llamaron a los profesores a participar en una caminata para luego tomar la dirección departamental. De no hacerlo, debían pagar un Q100 de acuerdo con el acta 11-2015

Consultado al respecto Bernardo Caal afirma que lo dicho por la profesora de Huehuetenango y lo publicado la mencionada red social, siempre sucede, sin embargo, no lo dan a conocer públicamente para evitar problemas con los dirigentes del sindicato que lidera Acevedo.


COMPROMETIDOS

En 2007, el STEG y el FNL hicieron firmar a los candidatos presidenciales por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Álvaro Colom y Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP), la hoja de ruta que incluía un aumento del pacto colectivo. En esa oportunidad el aumento fue del 2%.

La misma acción se dio después que conociera que Pérez Molina y Manuel Baldizón de Libertad Democrática Renovada (Lider) habían pasado a segunda vuelta de elecciones. El general retirado hoy, envuelto en escándalos por corrupción ha tratado de cumplir con la hoja de ruta, según comenta Luis Alpires del FNL.

Los sindicalistas de Salud y Educación están a la espera de quiénes serán los dos candidatos presidenciales que obtengan más votos en las elecciones programadas para el 6 de septiembre, para luego ir con ellos y hacerlos firmar una carta de entendimiento que deberán cumplir en su gobierno.

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