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Laura Regina Andrade, analista del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), analiza para El Nuevo Diario el estado del sistema penitenciario salvadoreño, amenazado de colapsar por los altos niveles de violencia que se viven en ese país y la debilidad de las instituciones.

¿Qué representa la población carcelaria de El Salvador?

Hay 440 privados de libertad por cada 100,000 habitantes. El récord en Centroamérica. Pero el “ya no caben”, lo venimos oyendo desde el 2000. En aquel momento teníamos unos 7,000 privados de libertad por una capacidad que rondaba los 6,000. Ya había un problema. Pero ahora, a la fecha del 16 de noviembre, solo faltaba una persona para llegar a los 32,000 privados de libertad. Y todavía queda un mes completo e intenso para llegar al fin de año. Muy probablemente se superen nuestras proyecciones más pesimistas.

¿Qué tensiones genera la sobrepoblación carcelaria?

Los amotinamientos eran más comunes en el pasado. Entre 2000 y 2006 se registraron 180 muertos en el sistema penitenciario. Identificamos una posible conexión de estas convulsiones con la disminución del presupuesto de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) de 25.9 a 19.5 millones de dólares. Al mismo tiempo la población carcelaria aumentaba un 30%. Como la distribución del presupuesto se concentra mayoritariamente en el rubro de la alimentación, los recortes afectaron directamente al estómago.

¿Por qué Este año el presupuesto aumentó unos $19.5 millones?

Principalmente por dos fondos: el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID. La inversión principal se hará en la construcción de dos nuevas granjas y de un centro penitenciario. Pero dudo que estas inversiones sean suficientes para cumplir con la separación y clasificación de privados de libertad como lo exige la ley. Los que han sido condenados por delitos menores, de cinco años hacia abajo, seguirán en la misma dinámica que aquellos que asesinaron 5 o 7 personas y que tienen de 20 para arriba.

La población penal es muy joven. El 70% tiene menos de 35 años… ¿A qué se debe?

A como funciona la justicia. Nuestro sistema tiene falencias en la defensa pública. Los procuradores no tienen la capacidad de tramitar y diligenciar la gran cantidad de procesos penales que tienen a su cargo. Se ven obligados a revisar el caso cinco minutos antes de la sesión ante una fiscalía que tampoco presenta pruebas científicas. El Salvador tiene una deuda histórica con el fortalecimiento de la justicia. La fiscalía y la policía deben coordinarse para presentar argumentos distintos a las pruebas testimoniales. El cúmulo de fallos de la justicia es absorbido en su totalidad por el sistema penitenciario. En este país, se criminaliza a la pobreza.

¿Las cárceles están entonces llenas de inocentes?

No, pero en algunos casos se podría conceder un régimen de arresto domiciliario, como a nuestro expresidente Francisco Flores (procesado por la desaparición de millones de dólares en donativos). La población percibe estas desigualdades y no confía en las instituciones públicas. La Corte Suprema de Justicia y el Sistema Penitenciario son las que tienen más bajo nivel de confianza. La represión se ha concentrado en los niveles más bajos del crimen. No hay una política firme contra la corrupción, las bandas organizadas que trafican drogas y mucho menos con el comercio de armas.

En 10 años se pasó de 600 a 3,000 mujeres encarceladas, ¿por qué?

Las pandillas sofisticaron su accionario delictivo y fueron incorporando cada vez más a las mujeres en cierto tipo de infracciones. Las mujeres suelen estar en la cárcel por delitos menores, tipo tráfico de drogas. Por voluntad propia u obligada por sus parejas, estas pandilleras acaban desplazando pequeñas cantidades de drogas de una zona a otra. El monitoreo policial hace que sean fácilmente detectadas y condenadas. Y como no hay investigaciones serias que determinen cuál es su grado de involucramiento, esta población acaba siendo victimizada no únicamente por su pareja, sino también por parte del Estado.

¿La situación actual del sistema penal refleja el fracaso de la política de “mano dura”?

Las políticas de “mano dura” fueron el previo. Iniciaron como planes policiales. Es decir que el Ejecutivo tenía el control exclusivo del sistema. Con el pasar de los años ha habido una tendencia regional en incrementar la duración de las penas y disminuir la edad de imputabilidad. Ha sido un gran retroceso de nuestra legislación.

Laura Regina Andrade afirma que el sistema de justicia en El Salvador tiene deficiencias en la defensa pública, mencionando que los procuradores no tienen la capacidad de tramitar y diligenciar todos los procesos penales que tienen a su cargo.

¿Son demasiado largas las penas?

De forma general, sí. Constitucionalmente el máximo es 60 años. Pero, si el condenado cometió un homicidio o un secuestro en momentos distintos, las penas pueden sumarse. Hemos tenido registros de condenas, principalmente a pandilleros, que superan los 100 años. Son cadenas perpetuas de facto. Otro problema es el de las detenciones. En 2014 la Fiscalía General de la República registraba más de 130,000 imputados, por cualquier tipo de delito. Es un volumen exorbitante. Ni siquiera me quiero imaginar cuántas detenciones provisionales representaba este dato…

¿Son los brazaletes una solución viable para limitar el número de reos?

Todavía falta crear un sistema de monitoreo, contratar y capacitar al personal y establecer cuál va a ser el criterio de habilitación y concesión del brazalete. Si la intención es utilizar el brazalete previo a la introducción de la persona en el sistema penitenciario, puede generar un impacto positivo. Los jueces tendrían la oportunidad -mientras se concluyen las investigaciones- de otorgar al brazalete o de aplicarlo para las condenas menores de 5 años.

¿Cómo ve el programa “Yo cambio”, de rehabilitación de los privados de libertad?

El punto positivo es que pasó de programa a nuevo modelo de gestión penitenciaria. La DGCP tiene claro que va a incorporar los centros uno por uno. Ya no habrá discriminación hacia los grupos pandilleros que durante diez años, no pudieron ingresar en ningún programa de rehabilitación. Eso sí, habrá que encontrar modalidades para los pandilleros. Sus líderes difícilmente van a permitir que la DGCP identifique de forma separada a aquellos que aceptaron las nuevas reglas del “Yo Cambio”. En el centro penal de Cojutepeque -que acoge a los miembros de la M-18- se ha suspendido temporalmente el programa para buscar alternativas. Hay que recordar que el programa significa una ruptura, una forma de rechazo a la estructura a la que pertenecen.

Esto les pone en situación de vulnerabilidad dentro de su propio grupo.

“Yo cambio” supone una ruptura con la “mano dura”…

Sí. La DGCP hizo esfuerzos para humanizar la cárcel. Se cambió la denominación de su población. Previo a 2008, todos eran reos. Ahora son privados de libertad y se les trata mejor. El Sipe (Sistema de Información Penitenciaria) permite registrarlos a todos. Hasta el 2009, el sistema de información de la DGCP no permitía saber quién era el privado de libertad. Además, ahora existen regímenes de semilibertad. El que cumpla, sabe que tiene la posibilidad de ser trasladado en una granja penitenciaria.

¿Qué tan efectivo es el programa “Yo cambio” en reintegrar a estas personas en la sociedad?

No hay estadísticas para el programa. Pero la idea era iniciar en el “Yo Cambio” y luego trasladar a los reos a las granjas. Allí, la tasa de reincidencia es de cinco personas sobre las 400 que atendieron estos programas en 2014, según las cifras oficiales. Es baja pero tampoco sabemos cuál es el impacto de aquellos que no lograron transitar por la granja, pero sí cumplieron su condena.

¿Existe un respaldo público para este tipo de programas?

De forma general, lo que predomina en la opinión pública son no solo ideas genocidas, sino también aquel sentimiento muy impregnado de venganza. Mientras la constitución dice que hay que rehabilitar, pues la población prefiere que se encierren y se bote la llave para que se pudran. Pero en la región de Santa Ana, donde está el penal de Apanteos que inició el “Yo cambio”, lo positivo ha sido que la gente pudo ver el trabajo de los reos, las obras que ellos elaboran y comercializan.

¿Qué se tendría que mejorar?

“Yo cambio” es una filosofía que exige el fortalecimiento de cada una de las instituciones. De momento, los jueces no tienen la posibilidad de analizar la evolución del reo. Lo único que se puede hacer es pedir un peritaje psiquiátrico a medicina legal. No habrá posibilidades de mejora si la policía, la fiscalía y los tribunales no están en la misma lógica. Además, de momento no se puede integrar a todos los privados de libertad en el programa. Entonces, se privilegia a los que tienen penas cortas, ya que no representan un peligro demasiado alto para la sociedad y van a salir más rápido. Pero los que tienen condenas largas no podrán mejorar. El riesgo es que el programa absorbe todas las fallas del sistema de justicia.

¿Cómo ve el fin de la tregua entre las pandillas MS-13 y la M-18?

La mala gestión hizo que se perdiera una oportunidad histórica. La tregua fue instrumentalizada. La universidad siempre insistió en la necesidad de tener reglas transparentes, pautas. El mero hecho de que fuera denominada “tregua” tuvo un impacto muy negativo en la opinión pública. Dio la impresión de que se concedieron beneficios fuera del marco de la ley. Se hicieron traslados hacia centros penitenciarios de menor seguridad. El problema es que las personas que sacaron tenían diez años de estar allí, aislados. Estaban en condiciones totalmente distintas de las de sus compañeros y no se podía esperar nada positivo. Ningún criterio indicaba que estas personas habían evolucionado favorablemente. Esto tuvo impactos importantes en cada recinto.

¿La tregua fortaleció a las pandillas?

Definitivamente. Ellos demostraron tener el control de muchas zonas del país. Aunque bajara la tasa de homicidios, las desapariciones siguieron latentes y se encontraron muchas fosas comunes. Existe un mapa de donde se cometen los homicidios por departamento. Lo que en 2009 se concentraba en la zona de occidente, se fue dispersando al resto del país.

Esta coyuntura impactó mucho el país. El desplazamiento forzado por violencia es un fenómeno que no quiere reconocer el Gobierno porque implica que ha perdido el control de algunos territorios.

 

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