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Una ley para el resarcimiento de daños morales fue aprobada ayer por la Asamblea Legislativa en medio de cuestionamientos que van desde que puede prestarse a la discrecionalidad y abusos, con muchos vacíos legales, que no define con precisión el concepto de lo que es un daño moral ni los parámetros para que el juez defina el monto económico de la reparación,  hasta que pone en peligro la libertad de expresión y prensa.

Estas son algunas de las observaciones que el diputado Rodolfo Parker, del PDC, y el abogado constitucionalista  Francisco Bertrand Galindo   advierten en la nueva normativa, avalada ayer con los votos de 61 diputados.

Parker dice que intentó desde hace dos días modificar la ley y ayer en la Asamblea, durante la discusión del proyecto, insistió en hacer reformas pero el resto de partidos justificó que fue por consenso y que contiene todos los criterios jurídicos suficientes para hacer valer el derecho a la integridad moral de las personas, sin perjuicio de la libertad de expresión y de prensa.

Sin embargo, Bertrand Galindo coincidió en algunas de las observaciones que hizo Parker, entre ellas, la ambigüedad de la ley y que la libertad de expresión y de prensa  puede ser vulnerada.

Ellos cuestionan el artículo 14 que dice: “cuando el daño moral haya sido cometido a través de un medio de comunicación social, los autores estarán obligados a realizar las siguientes medidas de reparación: 1) A sufragar todos los gastos para que la víctima ejerza su derecho de rectificación y respuesta, en las mismas condiciones de la publicación que dio origen al daño moral: 2) A solicitar a la víctima disculpas públicas, en las mismas condiciones de la publicación original”.

Para garantizar que los medios de comunicación no sean afectados con la ley y, por ende, no limiten la libertad de expresión y de prensa, Parker propuso agregar un artículo más redactado así: “En lo no regulado por esta ley será contemplado, en lo pertinente,  en la ley de Derecho y Rectificación de Respuesta”, pero su moción no fue aceptada.

Según Parker, en el artículo 14 que versa sobre la reparación especial por daño con publicidad se contradice con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Rectificación y Respuesta, pues señala que en esa normativa se indica que para los medios de comunicación la responsabilidad que tienen es el derecho de respuesta; sin embargo, en la Ley de Reparación por Daño Moral se les adjudica una sanción económica.

Y aun cuando Portillo Cuadra afirmó que en el artículo 2, inciso cuarto y quinto se definen los alcances del daño moral y la separación de este con las opiniones desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa, profesional y periodística, entre otros, Parker no está convencido.

“No habla de quién lo difunde, cuál sería el alcance en cuanto a daños morales para un medio de comunicación, y aun cuando se refiere a los sujetos es bien subjetivo que no sería un propósito calumnioso, pero quién calificará si tendría o no un propósito calumnioso, son cuestiones subjetivas; no es una buena ley, pero no la he podido detener”, lamentó Parker.

Bertrand Galindo abonó que esa parte sería mejor eliminarla porque ya está desarrollada en la Ley de Rectificación y Respuesta.

Además, hace alusión a dos aspectos: que hay muchos elementos que se prestan a “abusos”, ya que critica que es una normativa muy general, que no define el concepto  del daño moral y que no hay una regla que determine los montos de la indemnización.

“En general, el  problema de la ley es que tiene mucha variedad y hay mucho elemento discrecional, deberían tratar de hacerla más acotada. El pecado más grande es la variedad y lo que se presta para la discrecionalidad y los abusos, debería de revisarse”, puntualizó Bertrand Galindo.

Parker solicitó hacer tres modificaciones a la ley: suprimir el inciso tercero del artículo 2; eliminar el inciso segundo del artículo 7; y agregar a la ley un apartado más que hubiera sido el 22, pero ninguna de las propuestas contó con los votos suficientes.

Diputados la defienden

Pese a las críticas de Parker, el resto de legisladores aseguran que es una ley que cumple con todos los requisitos y que estarían cumpliendo con una deuda histórica en la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema les había dado como fecha fatal el 31 de diciembre de este año.

Contrario a los cuestionamientos de Parker, Jackeline Rivera, del FMLN, y el arenero Portillo Cuadra aseguraron que el alcance de la ley es tal que el daño moral que pueda tener una persona no se limita a los agravios recibidos por declaraciones públicas.

A manera de ejemplo, Rivera explicó que si un niño queda huérfano porque sus padres murieron en un accidente de tránsito, ese menor de edad puede reclamar indemnización al culpable por el daño causado por la pérdida de sus progenitores, y no solo recibir el beneficio de la justicia penal.

Bertrand Galindo consideró que esos casos caben dentro del daño moral, ya que  según la Sala de lo Constitucional se trata de situaciones que provoquen en una persona “angustia y sufrimiento”, pero el abogado cuestionó que se incluya a personas jurídicas en la normativa.

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11.12.2015 (11.12.2015)
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