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El régimen salvadoreño en los años previos a la guerra civil y durante ella sistematizaba información sobre los enemigos políticos para, en los casos más extremos, torturarlos, desaparecerlos o asesinarlos. La información más sensible era compartida con los Estados Unidos. El Faro encontró ocho libros responsabilidad del Estado Mayor y de la Policía Nacional que evidencian la responsabilidad de la máxima jerarquía militar en el diseño y operación de la maquinaria de represión política.

1. Registro de una captura

En la mañana del viernes 9 de enero de 1981, un comando armado asaltó un taller de imprenta ubicado en la Avenida Cuscatancingo, de San Salvador. Hacía cinco meses que la guerrilla había atacado siete guarniciones militares en el interior del país, y apenas semanas atrás, en diciembre, había anunciado la inminencia de una "ofensiva final". Esta sería ejecutada al siguiente día, 10 de enero y así El Salvador entraría plenamente a la guerra. Pero aquella mañana de viernes no se sabía lo que estaba por venir, y en un taller de imprenta de la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación, siete hombres trabajaban como en un día cualquiera. Uno de ellos era artista y serigrafista. Cuando el comando armado ingresó al taller, todos temieron por sus vidas. Aquel comando estaba integrado por agentes de la Policía Nacional.

Los sacaron a la fuerza y los subieron a un camión. Luego se los llevaron al cuartel central de la PN, “el castillo”, en el centro capitalino.

A los capturados se los llevaron por ser miembros de la Asociación de Empleados del Ministerio de Educación (AEME), “la cual es un grupo de fachada del Bloque Popular Revolucionario (BPR)”, escribió la PN, en un registro en el que además se asegura que utilizaban ese taller del Ministerio de Educación para imprimir propaganda de "esa organización clandestina”.

Jesús es un hombre pequeño que ronda los 60 años y trabaja en una oficina del segundo gobierno de izquierdas del FMLN. La guerra, la represión y la persecución, en teoría, han quedado atrás, en el olvido. 

Cuando a Jesús lo capturaron, hace 34 años, lo acusaron de pensar distinto y por oponerse al régimen desde una organización clandestina. Algo le hicieron mientras estuvo capturado, y eso lo dejó marcado. Nuestra llamada lo sorprende, pero accede a cruzar palabras cuando le explicamos que un amigo en común nos refirió.

"Entonces, Jesús, sabemos de su captura. ¿Puede contarnos qué le ocurrió?" Jesús pregunta en dónde obtuvimos la información. Le explicamos. Luego dice que no quisiera hablar, que recordar ese episodio le trae recuerdos desagradables, que después de la captura “y lo que me hicieron, hui del país. No pensaba volver, pero luego volví, con la paz…” 

Le enviamos a Jesús, por correo, una copia del registro de su detención, la número 8 del libro “capturas más relevantes realizadas por la Policía Nacional desde 15OCT979 a la fecha, de personas relacionados con actos de subversión y terrorismo”. El libro de capturas está fechado el 24 de abril de 1984, fue elaborado por el Departamento II de la PN, la rama de inteligencia, dedicada a labores de espionaje para perseguir objetivos políticos.

Jesús responde el correo, y es la última vez que dirá algo sobre su registro de captura. De nada sirven los ruegos. Él no quiere revivir ese episodio, y lo resume así:

-Muchas gracias, acuso recibo de su correo y archivo adjunto. Estoy sorprendido de ver el documento, escrito en las viejas máquinas de escribir de la época, que aún remueve la memoria personal…

En realidad, estos libros remueven la memoria nacional.

2. El sendero del libro amarillo

El libro de capturas más relevantes de la PN no es el único. Hay otros. Por ejemplo, uno que también habla de registros de capturas, lo llamaremos libro de viajes por lo pintoresco de su título: “Resumen de capturas realizadas por la Policía Nacional de personas por participar en actividades de tipo subversivo-terroristas y que han manifestado haber viajado a países comunistas, así: a Rusia, Cuba y Nicaragua”. Este libro también fue elaborado por del Departamento II de la PN. En él hay más registros de capturas fechadas desde el “150CT979”. Para esa fecha, hacía tres meses que los sandinistas habían triunfado en Nicaragua. La última fecha de actualización dice “San Salvador, 29 de marzo de 1985”, es decir, menos de un año después de iniciar el gobierno del presidente José Napoleón Duarte.

Podríamos decir que solo en estos dos libros, elaborados por una de las oficinas de inteligencia contrainsurgente de la Fuerza Armada de El Salvador, hay 496 registros de capturas de salvadoreños, y que 90 de ellos se convirtieron en fantasmas luego de haber caído en manos de la Policía Nacional, uno de los tres cuerpos más temidos en los años de las dictaduras y de la guerra civil salvadoreña.

Pero eso no sería del todo cierto.

Los fantasmas no existen.

En esos dos libros hay información sobre hombres y mujeres de carne y hueso -como Jesús -, con identidad y parentela, muchos hasta con edades, profesiones, lugares de origen y residencia; muchos otros hasta con direcciones de trabajo.

Estos dos libros, junto a otros seis documentos, conducen hacia un Estado que espiaba, perseguía, capturaba, interrogaba, torturaba, desaparecía, asesinaba.

Los libros evidencian, además, que la información obtenida en los interrogatorios era utilizada para continuar con la persecución y para entender el funcionamiento de la guerrilla, los nombres de sus mandos, su estructura y su despliegue territorial.

En otros dos libros, catalogados como “secretos”, la Fuerza Armada hace un dibujo pormenorizado del organigrama y el funcionamiento del Partido Comunista y las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y en ellos se menciona que están hechos para ser compartidos con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Lo de “secreto” no es gratis. La palabra en mayúsculas “SECRETO” acompaña, centrada y en negritas, el inicio y pie de página, de las más de 70 hojas que componen cada libro.

La presentación de uno de ellos es más que clara: “Estudio sobre las fuerzas terroristas salvadoreñas –Partido Comunista Salvadoreño”.

El prólogo de este documento, además, comprueba un doble discurso del gobierno estadounidense respecto a su papel en la guerra, en el que criticaba al Estado y a la Fuerza Armada salvadoreña por las violaciones a los derechos humanos, pero al mismo tiempo se nutría de la información que se recopilaba en El Salvador luego de persecuciones, capturas y torturas. Al menos estos libros indican que fue así hasta 1986, dos años después de los intensos debates en el congreso estadounidense para cortar la ayuda militar a El Salvador, y tras las visitas del vicepresidente George Bush y del secretario de Estado George Shultz a El Salvador, en las que reclamaron por el uso excesivo de la fuerza.

“Este estudio es para compartir descubrimientos analíticos con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos relacionados con la estructura de fuerzas terroristas dentro. Este estudio reemplaza y pone al día el estudio 16-86, con el título Fuerzas Terroristas Salvadoreñas-Partido Comunista”, se lee en el prólogo del libro sobre el Partido Comunista, cuya última fecha de actualización es “diciembre de 1986”.

Otro de los libros es un compilado de crímenes que hasta 1991 la PN le endilgaba a la guerrilla salvadoreña, incluido el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Repetimos: la sección de inteligencia de la Policía Nacional, todavía en 1991, 11 años después del magnicidio del Arzobispo de San Salvador, sugería que sus asesinos habían sido “terroristas-subversivos”.

Aunque no toda la información en este libro es falsa.

De los 32 crímenes que la PN le atribuía a la exguerrilla, en 1991, siete fueron validados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Entre estos el asesinato de José Antonio Rodríguez Porth, ministro de la presidencia del primer gobierno de Arena, asesinado el “081509JUN989” junto a su guardaespalda, Benjamín Pérez.

El sexto libro contiene un “análisis político-militar sobre las agrupaciones terroristas” que la inteligencia de la PN hacía sobre la guerrilla, y el séptimo es el resumen de una investigación de espionaje tras la caída de uno de los fundadores de las FPL, Felipe Peña, en 1975.

En ese libro se reproduce parte de los hallazgos de inteligencia policial al momento de dar con el paradero de Peña en una “casa de seguridad”, y narra el enfrentamiento entre Peña, su compañera de vida, y los agentes de la PN. El documento revela, además, una “lista de funcionarios y otros que estaban fichados por guerrilleros”. La lista está compuesta por 41 nombres, entre ellos el teniente coronel José Guillermo García que a la postre se convertiría en general y ministro de la Defensa para los primeros años de la guerra, así como los empresarios Roberto Hill y Archie Baldocchi. La hermana de Felipe Peña, Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, revisa este documento con paciencia y confirma que en efecto su hermano era líder fundador de las FPL, que en esa casa de seguridad residía y que mucha de la información que hay sobre sus actividades es cierta. "Pero estas cosas deben analizarse en su respectivo contexto. ¿Por qué se hacían esas cosas? ¿Para qué era esa lucha? Era para combatir un régimen, un sistema que no dio ninguna otra vía de solución pacífica a ese conflicto", dice.

La fuente que hizo llegar el documento en el que se habla sobre Felipe Peña dijo a El Faro que “este es el verdadero libro amarillo, elaborado por la guerrilla para eliminar a sus objetivos políticos”, en alusión a la revelaciones sobre el libro amarillo, divulgadas en 2014 por investigadores estadounidenses, y que vinculaban al ejército en prácticas de persecución y violaciones a los derechos humanos.

Este libro rosado (por el color de su pasta) aunque habla de objetivos perseguidos por inteligencia insurgente, va más allá. Dibuja los métodos que el Estado utilizaba para espiar a sus adversarios, utilizando varias dependencias de gobierno, como el viceministerio de Transporte, o inclusive metiéndose hasta en los velatorios de sus enemigos para espiar a sus deudos, para determinar si aquellos que llegaban a despedirse también eran opositores políticos.

En el libro rosado hay memorándums confidenciales entre el Director de la Policía de Aduanas, el Jefe de la desaparecida Ansesal y el Ministro de la Defensa de la época, en los que se ordena al Departamento de Tránsito autorice la recolección de datos (nombres y direcciones de vivienda) de 45 personas que acudieron, el 16 de septiembre de 1975, a la misa de 30 días tras la muerte de Felipe Peña, celebrada en la capilla de la colonia Centroamérica de San Salvador. Días antes, la Policía de Aduanas informaba a Ansesal que una “comisión de este cuerpo” se había hecho presente a la misa para “tomar el número de placas de las personas que asistieron a la misa”. La Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (Ansesal) tuvo la fama de haber sido la agencia de vigilancia de enemigos del régimen con más vínculos a los escuadrones de la muerte, tanto que cuando se habla del mayor Roberto d´Aubuisson, fundador del partido Arena, suele hablarse de Ansesal.

Este legajo de documentos guarda una relación directa con el libro amarillo, una lista de casi 2 mil salvadoreños, opositores políticos (con nombre, seudónimo y fotografía) utilizada para dar caza a los "delincuentes-terroristas”, según se lee en las primeras páginas de ese documento, el cual invitaba a los militares a un “para que se use”.

El libro amarillo reapareció en 2013, pero fue elaborado entre 1979 y 1987 por el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor, para darle persecución y captura a comandantes guerrilleros, pero también a opositores políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

En 2014, el Centro para la Defensa de Derechos Humanos de la Universidad Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés) divulgó un análisis al contenido de ese documento, y esa investigación arrojó que el 43 % de los enlistados en el libro amarillo habían sufrido violaciones a los derechos humanos.

El libro amarillo apareció cuando un hombre alquiló una casa en San Salvador, y de un cielo raso cayó, al suelo, un documento que estaba forrado con una pasta amarilla. El hombre, entonces, lo comentó entre sus allegados, lo entregó a una organización que recoge documentos históricos –quienes aún guardan el libro original- y el cuento de un libro amarillo caído de un cielo raso llegó a los oídos del investigador y ex preso político Carlos Santos.

Santos, exestudiante del Centro Nacional de Artes (Cenar), se formó en un país que perseguía y reprimía cualquier manifestación opositora, incluidas las artísticas. Santos fue capturado y torturado por la Policía Nacional en la ciudad de San Miguel. Tras su liberación se autoexilió, y desde entonces trata de armar el rompecabezas que le dé una explicación a sus traumas: aquellos que lo hacen volver a un baño público ubicado en lo que ahora es un amplio parqueo-mercado de la ciudad de San Miguel. El baño está ubicado en el subsuelo, debajo de un pequeño edificio de dos pisos. Es un baño mugre, lúgubre, con una pared que separa los mingitorios de una pequeña pila, escondida en una esquina. “Ahí me sumergían la cabeza, una y otra vez”, dice Santos. El baño y esa pila eran utilizados como una sala de tortura para presos políticos.

-¿Por qué cree que el libro amarillo es real?

-Es real. Fue elaborado por el Estado Mayor y a mí me lo han confirmado guardias nacionales, policías de hacienda y policías nacionales que lo utilizaron. Además, las personas registradas ahí también validan ese documento. Sus historias, el afán de sus familiares por dar con el paradero de sus desaparecidos, comprueban su autenticidad.

Carlos Santos, desde que encontró el libro amarillo, ha tratado de dar con el paradero de esas familias. A la fecha ha ubicado el posible destino de 32 de los registrados. En la mayoría de esos casos, las personas capturadas fueron desaparecidas.

3. Identificar, capturar, interrogar, eliminar

El Faro presentó los ocho documentos al ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, un militar que a principios de la guerra fue miembro fundador del Batallón de Reacción Inmediata Belloso, uno de cuatro comandos élites entrenados por los Estados Unidos en combates contrainsurgentes. Munguía Payés fue en el Belloso comandante de la compañía de armas, y durante seis meses jefe del Departamento II (inteligencia) de esa unidad. “Hacíamos labor de inteligencia táctica en combates, no inteligencia política”, dice Munguía Payés, para marcar distancia respecto de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada.

Más tarde, en el segundo lustro de los ochentas, en la segunda mitad de la guerra, Munguía Payés fue uno de los hombres más cercanos al desaparecido presidente José Napoleón Duarte. En la posguerra se convirtió en un político que logró ganarse la confianza de la exguerrilla y desde 2009 ha sido ministro de los dos gobiernos del FMLN.

El ministro reconoce que durante la guerra, en afán de combatir a los enemigos, se cometieron excesos. Sobre todo en los primeros años, los mismos años en los que se elaboró el libro amarillo y los nuevos archivos a los que ha tenido acceso El Faro.

El libro amarillo fue elaborado por el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor, y guarda una estrecha relación con otros siete libros secretos de la Fuerza Armada. Esto dice David Munguía Payés, el ministro de la Defensa, sobre el libro amarillo:

“Bueno, ese libro tiene que ver un poco con las fases incipientes de la guerra, donde había menos conciencia al respeto a los derechos humanos. Porque la guerra nuestra fue evolucionando. Los primeros años fue dura, una guerra sangrienta que no tenía leyes”, dice Munguía Payés. “Acuérdese que por un lado había secuestros, por otro lado los escuadrones de la muerte. El tema de los derechos humanos como que no se conocía y no importaba, entonces tengo entendido que ese libro se… se comienza a elaborar identificando a aquellas personas que eran consideradas comunistas y dañinas al régimen, las cuales deberían ser capturadas y en algunos casos hasta eliminadas”, dice el general.

Para Munguía Payés, la importancia con el libro amarillo radica en saber responder qué ocurrió con las personas que aparecen enlistadas. “El punto para mí no es tanto que haya lista de nombres ahí... el punto es si en realidad se cometieron errores y si algunas de esta gente que estaban en este libro fueron perseguidas para ser eliminadas... y si se hicieron o no se hicieron.”.

A mediados de noviembre de 2015, El Faro presentó a Munguía Payés los archivos secretos de la dictadura. Se le explicó al ministro que en esos libros hay una correspondencia, en 90 casos, de personas que aparecen con registro de captura, y que, según la Comisión de la Verdad, fueron torturadas, asesinadas o están desaparecidas. Se le explicó, además, que entre estos siete libros y el libro amarillo hay una correspondencia de 120 personas que estaban fichadas en el libro amarillo y que terminaron capturadas por la PN. De ese total, el 20 % aparece registrado con violaciones a sus derechos humanos en el informe de la Comisión de la Verdad. La mayoría sufrieron desaparición forzada.

El ministro Munguía Payés hojea los libros, uno por uno. Lo hace con calma y paciencia.

-Ministro, ¿estos libros son auténticos?

-He visto los documentos y me parece que son auténticos… aunque no lo podría asegurar.

Cuatro de los siete libros presentados al Ministro están en su formato original, con sus pastas desgastadas por el tiempo y, posiblemente, el uso.

-¿La Fuerza Armada guarda registros de los informes de inteligencia, como estos, que realizaban los extintos cuerpos de seguridad?

-No lo sé, habría que buscarlos…

-¿Estos libros fueron sustraídos de los archivos de la Fuerza Armada?

-Probablemente las hubo (sustracciones). Posiblemente haya habido fugas…

El Faro también presentó los libros al último director de la Policía Nacional, el coronel Samuel Cuéllar, un militar de bajo perfil, ahora en retiro, con cursos de inteligencia en la Escuela de las Américas, el centro de capacitación de los Estados Unidos para un nutrido grupo de militares latinoamericanos que a la postre fueron acusados en sus países por cometer graves violaciones a los derechos humanos. Entre estos, el general Noriega, de Panamá; el general Pinochet, de Chile; el general Videla, de Argentina; el coronel Domingo Monterrosa y el mayor Roberto d´Aubuisson, de El Salvador. “Se dice eso, pero a mí no me enseñaron a torturar”, dice el coronel Cuéllar.

Cuéllar estuvo destacado en la Guardia Nacional y en la Policía Nacional, a finales de los setenta y primeros años de la década de los ochenta, y luego dirigió el Centro Técnico de Instrucción Policial (Cetipol), una academia que formaba agentes de la PN, en donde fue maestro para la generación de oficiales de la actual Policía Nacional Civil que formaron parte de la cuota propuesta por la Fuerza Armada, en 1994. Cuéllar también combatió en la guerra y llegó a dirigir la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, una década más tarde, a inicios de los noventa.

El coronel Cuéllar se dice un férreo opositor a la lucha clandestina de la Fuerza Armada. Dice que lo suyo era combatir bajo las reglas de la guerra, unas que permiten, dice él, matar o morir en combate, pero nunca atacar a poblaciones civiles, nunca a enemigos vencidos o rendidos. Eso, asegura, le trajo muchos problemas con sus compañeros de milicia. Cuéllar se perfila a sí mismo como una aguja en un pajar.

Tras la firma de la paz, Cuéllar fue el encargado de la desmovilización del Batallón de Reacción Inmediata Bracamonte, desplegado en la zona norte de Morazán, al oriente del país. Más tarde, fue llamado por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) para desmovilizar a otro cuerpo de seguridad: el coronel Cuéllar finiquitó a la temida Policía Nacional, que fue cerrada el 31 de diciembre de 1994.

Desmovilizar a los agentes de la PN significó una sola cosa: dar de baja a todos aquellos que a juicio de los observadores de las Naciones Unidas tenían manchado su expediente por violaciones a los derechos humanos u otros crímenes. Entre muchas de sus funciones, asegura Cuéllar, le tocó incluso enviar a prisión a agentes de la institución que fueron descubiertos por liderar bandas de extorsionistas.

Una caricatura de la época de Alecus publicada en el periódico La Noticia, un vespertino ya desaparecido, muestra a Cuéllar dormido, en una cama, cobijado con una sábana en la que se lee: “Policía Nacional”. Cuéllar suda y tiembla por culpa de una pesadilla: un hombre vestido de negro y con capucha, una sombra negra armada con un fusil, asalta a dos ovejas. “¡Quietas, esto es un asalto!”, le dice la sombra a las dos ovejas, que levantan sus patas delanteras. En otra publicación dominical de El Mundo, fechada el 5 de noviembre, la portada de una entrevista con Cuéllar invita a ser leída gracias a este titular: “Este olorcito de la Policía se irá conmigo para toda la vida”.

Cuéllar hojea los libros presentados por El Faro y dice: “Estos libros eran hechos por la inteligencia de la Policía. En aquella época se cometieron errores que nunca debieron haber ocurrido”.

Cuéllar hojea los documentos, uno por uno, y se detiene a examinar detenidamente el libro de capturas.

-¿Han dado con el paradero de estas personas? -pregunta.

-Sí, hemos dado con el paradero de algunas.

-Ellos darían un buen testimonio. Y al encontrarlos pueden decir algo con respecto a otros que estaban con ellos. Ahora, yo no sé hasta dónde llegaron en este departamento (de inteligencia) para haber recopilado a toda esta cantidad de gente capturada. Desde el momento en que están ellos archivándolas, ya hay una responsabilidad, un compromiso de la institución que merece una respuesta.

-¿Qué le parece la información que hay en estos documentos? Nombres, residencias, trabajos. Hay casos que tienen una relación directa con el libro amarillo. Es decir: perseguidos en ese libro terminaron capturados por la PN, y muchos posteriormente desaparecidos, asesinados o torturados.

-Este es un trabajo muy interno. Cómo salieron no lo sé. Es un descuido de ellos o lo pasaron a otras instituciones. No sé qué habrá pasado con esta gente, si es que la entregaron. Debería de haber (habido) un control de derechos humanos.

-¿Dentro de la Policía había gente que se dedicó a registrar capturas y otra gente que participó de violaciones a los derechos humanos?

-En mi gestión no ocurrieron esas cosas. Era otro momento del debate político. Recuerde que estábamos finiquitando a los miembros de la PN y estábamos dando nacimiento a la PNC.

-Pero usted me ha dicho cómo operaba la Policía en los 70 y 80 y dice que se cometieron errores...

-Sí, hubo errores. Era más como una policía urbana. Había problemas de detenidos a los que les aplicaban bastante...

-¿Torturas?

Cuéllar asiente meneando la cabeza de arriba hacia abajo, pero no se atreve a pronunciar esa palabra: "torturas". Él continúa:

-En los interrogatorios, verdad, eran más estrictos. Creo que más que la Guardia...

-¿Más que la Guardia?

-Con la Guardia era otro problema, tenía objetivos diferentes a los de la Policía en la guerra. El objetivo de la Guardia con la izquierda era bien peculiar, bien especial...

-¿El objetivo de ellos era exterminar opositores?

-(Cuéllar asiente de nuevo con movimiento de cabeza). La Guardia era como una muralla. Con la Policía era diferente, aunque había policías que trabajaban con ellos también, pero cuando llegaban a trabajar los interrogadores… eran cosa seria. Uno se daba cuenta por la información que llegaba. La Guardia era más... yo siempre critiqué eso. Siempre dije que había que cambiar mandos, cambiar idearios en la Guardia y la Policía. 

 -¿La inteligencia de los cuerpos de seguridad funcionaba como una inteligencia para la persecución política? Supongo que no se utilizaba para combatir la delincuencia común, el crimen organizado... ¿o sí?

-No. Y no era un inteligencia militar. Era una inteligencia política, una inteligencia policial-política, porque así era el tipo de conducción. Los cuerpos de seguridad respondían al Viceministerio de Seguridad Pública y ellos informaban directamente al Ministerio de la Defensa. La forma de conducción era un concepto demasiado duro, porque el comunismo es el comunismo, pero es diferente un combate a una ideología, que se combate con ideas… pero allá no. Allá mezclaron las cosas y si alguien pensaba así, había que ver cómo lo capturaban y lo eliminaban.

-¿Cuando usted llegó a dirigir a la Policía Nacional había un archivo en el que dijera "estos son los archivos secretos de la PN"?

-No.

-¿Tras la firma de la paz hubo una fuga de documentos?

-Desde que se firmaron los acuerdos de paz, una de las instrucciones que dieron fue que inmediatamente todas las instituciones, cuarteles, comandancias, debían limpiar completamente todo los que fueran aspectos de inteligencia, de investigaciones investigación. Y así lo hicieron. Empezando desde el Ministerio, el Estado Mayor… ya cuando llegaron los Acuerdos y que comenzó la desmovilización, ya no había nada de esto.

-¿Quién emitió la orden para desaparecer esos documentos?

-El Ministerio de la Defensa comunicó esa orden a modo de sacar y desprenderse de esos documentos comprometedores. 

 4. Los hallazgos

El libro de capturas y el libro de viajes por sí solos, no dan cuenta de los “errores” o los “excesos” de los que hablan el ministro de la Defensa y el último director de la Policía Nacional, Samuel Cuéllar.

En realidad, estos libros, junto al libro amarillo, son parte de un rompecabezas que podría ser más grande, pero que por el momento solo puede ser entendido si el contenido de estos libros se compara con las listas de denuncias de la Comisión de la Verdad.

Tras las negociaciones y la firma de la paz entre el Estado salvadoreño y los comandantes guerrilleros del FMLN, el 16 de enero de 1992, uno de los puntos medulares de los acuerdos exigía la instauración de una Comisión de la Verdad, un grupo investigador compuesto por extranjeros, cuyo mandato los obligaba a investigar los principales crímenes ocurridos durante la guerra civil. La Comisión compiló los casos más significativos ocurridos en los 12 años de guerra en un informe titulado “De la locura a la esperanza”.

Los observadores de las Naciones Unidas se entrevistaron con militares, patrulleros, agentes de cuerpos de seguridad, exguerrilleros, políticos, familiares de víctimas, representantes de oenegés de derechos humanos, e hicieron una convocatoria para que se pusieran denuncias en todo el país por violaciones a los derechos humanos sufridas en carne propia o cometidas en parientes o conocidos. El llamado de la Comisión de la Verdad fue atendido por más de 21 mil denunciantes, que dieron cuenta de los sucesos ocurridos a miles de salvadoreños. Los resultados de esas consultas están recogidas en los “Anexos” al informe.

El Faro digitalizó tres bases de datos de denuncias registradas por la Comisión de la Verdad, y cotejó más de 21 mil registros de personas, con nombre y apellido, con los 496 nombres aparecidos en el libro de capturas y el libro de viajes de la PN.

En el libro de capturas, la Policía Nacional registró la detención de 368 salvadoreños. De estos, casi siete decenas fueron desaparecidos, asesinados o torturados. Del cruce de nombres se obtuvo que el 17.8 % de los capturados sufrió alguna violación a sus derechos más elementales. Muchos en fechas posteriores a las de su captura.

Salvador Hernández Hernández es uno de ellos. Fichado en el Libro Amarillo de la Fuerza Armada, fue capturado el 13 de julio de 1982, en Ilopango. 10 días más tarde, la PN lo remitió a un juez militar de instrucción mediante el oficio número 4255. Por esos años, una primera ley de amnistía benefició a muchos presos políticos, incluido Hernández, quien fue liberado. “Amnistiado”, se lee en el archivo de la PN. Sin embargo, dos años después, el 27 de junio de 1984, fue asesinado “por paramilitares en Cancasque, Chalatenango”, según la Comisión de la Verdad.

En el libro de viajes están registradas las capturas de 128 salvadoreños. El 18.7 % de los registrados en ese libro sufrieron tortura, desaparición forzada o asesinato en las mismas fechas, en fechas previas o en fechas posteriores a la de su captura.

Rosa Ada Soto de Acosta es una de esas víctimas. Ella era un ama de casa de 45 años que fue acusada de pertenecer al Partido Comunista. El 9 de junio de 1983 fue capturada junto a su esposo, Alfredo Acosta Díaz, en su propia casa, ubicada en la colonia Satélite de San Salvador. Del relato de su captura se desprende que tanto Rosa Ada como Alfredo fueron interrogados por los viajes que ambos emprendieron a Rusia, y por los viajes de sus hijos. Rosa Ada también tenía un hijastro que había viajado a Cuba, según la Policía. Su nombre era Ramón Ernesto Acosta, de 31 años, capturado un día después que su padre y su madrastra en la misma casa de la colonia Satélite. Según la Comisión de la Verdad, Rosa Ada fue reportada como desaparecida el 8 de junio de 1983, un día antes del reporte de la fecha registrada de su captura. Su hijastro, Ramón Ernesto, también fue desaparecido en la misma fecha que su madrasta, aunque la PN registró su captura el “10JUN983”.

De las 496 personas registras en el libro de viajes y el libro de capturas, 90 sufrieron alguna violación a sus derechos humanos, según la Comisión de la Verdad. La mayoría fueron desaparecidas.  

De los 496 casos que hay en estos dos libros, 120 tenían una orden de búsqueda en el libro amarillo. Y de estos, el 20 % sufrió desaparición forzada y asesinato luego de haber estado bajo custodia de la PN, según los registros de la Comisión de la Verdad.

Mauricio Hernández Campos, Julio César Orellana Lemus y Daniel Arturo Hernández Castillo son tres de ellos. Los tres aparecieron fichados en el libro amarillo, con su nombre real, su fotografía y sus presuntos seudónimos. Más tarde, el 28 de julio de 1983, fueron capturados en una imprenta del Barrio Santa Anita, en el centro de San Salvador. Los tres fueron acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de imprimir “propaganda subversiva” para dicha organización. En 1993, la Comisión de la Verdad registró que estas tres personas, con su misma edad y sus mismos seudónimos, fueron reportadas como desaparecidas el mismo día en el que la PN registró sus capturas.

5. Hablan dos sobrevivientes

El “13JUN980”, sábado, cuatro agentes de la Policía Nacional vestidos de civil y uno uniformado golpearon a la puerta de la familia Lazo Hernández, en un apartamento ubicado en la tercera planta de uno de los multifamiliares de la colonia Zacamil. En la casa vivían Rosalina, su esposo, Fredy, y los hijos de ambos. El mayor tenía 11 años; la menor, seis. Había varios invitados a la casa, entre ellos dos líderes de las FPL y un joven, al que Rosalina no conocía. Este dijo llamarse José Ricardo Funes Zepeda.

Eran las 8 de la noche cuando llegaron los agentes. “Ya nos cayeron”, dijo el hijo mayor, quien se percató del operativo cuando jugaba con unos amigos en el segundo piso. Subió. Fredy miraba la televisión junto a su hija. Veían Hawai Cinco-0. En la cocina se preparaba un lomo horneado y en la mesa había un plato lleno de jocotes de corona.

Antes de que los policías entraran, Rosalina intentaba romper la documentación que había en el apartamento. Recibos, hojas reclutorias de miembros de las FPL, afiches y propaganda. Ella había ingresado a la organización en 1976, y aparte de prestar su vivienda, hacía labores de inteligencia. “Estaba en el lugar de los hechos”, dice ella, refiriéndose a sus andanzas como insurgente. Cuando los policías entraron, Fredy recibió un culatazo en la cabeza. “Y ¡plas! ¡Chorro de sangre, mire!”. Los niños fueron testigos de cómo unos extraños torturaban a sus padres.

-No lloren, hijos -les dije-. No lloren, que ya voy a regresar -cuenta Rosalina que alcanzó a decirles.

-¡Ajá, hija de la gran puta: ¿ya vas a regresar?! -le dijo uno de los policías.

-Y me dan la gran... que reboté contra el muro. Luego me bajaron arrastrada por las gradas. No, dije yo: ¡ya valimos! –cuenta Rosalina.

Ya en la calle la subieron a un camión y le ordenaron que se acostara y que abrazara el cuerpo de un joven que estaba tirado sobre la cama. “Era un cadáver”, recuerda.

Mientras tanto, a los hombres en el tercer piso les vendaron los ojos y los seguían golpeando frente a los niños. Al cabo de un rato también los bajaron, arrastrados por las gradas, y los subieron al camión, ordenándoles que se recostaran encima de Rosalina y el cadáver.

El camión arrancó.

-Nos llevaron a un lugar en donde había una gran cárcava, y adentro habían escarbado tierra y habían aventado unos cadáveres –recuerda Rosalina.

-Mirá, vení –le dijeron sus captores, mientras la bajaban del camión-: Así va a ser tu suerte si no hablás.

Ya en el cuartel de la PN, en “el castillo”, la encerraron en unas celdas ocultas en un sótano.

El “castillo” de la PN ha cambiado desde entonces. Ubicado en el centro histórico de San Salvador, ahora alberga a la dirección central de la Policía Nacional Civil, el cuerpo policial creado para sustituir a los cuerpos de seguridad pública del pasado. Hace algunos años, cuando se remodelaba uno de los jardínes de la nave central, albañiles encontraron huesos en la tierra removida. El director de Medicina Legal de la época, Juan José Mateu Llort sugirió, sin pruebas científicas, que ese hueso era humano. Aquello fue un escándalo. La sola posibilidad de que en el corazón del castillo brotara el hueso de un salvadoreño alertó a las organizaciones de derechos humanos, que desde la dictadura y luego en la guerra reclaman por el paradero de más de 5 mil desaparecidos. "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", gritaban desde el interior del castillo los familiares de decenas de desaparecidos.

Saúl Quijada, segundo al mando del Equipo de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal, recuerda que a ellos los habían convertido en el blanco de todas las sospechas. Hasta la Procuraduría de Derechos Humanos intervino para garantizar la integridad de los forenses, porque los familiares de las víctimas los acusaban, con gritos, de encubrir las atrocidades de la PN. Durante una semana, custodiados por familiares vigilantes, ellos excavaron en el jardín, bajo la mirada de aquellos que buscaban los huesos de los suyos. "Terminamos de amigos con algunos de ellos", dice Saúl Quijada, cuando recuerda el campamento que se montó en el castillo. Al final, Medicina Legal certificó que esos huesos, para infortunio de las víctimas y sus familiares, eran de un perro.

Hoy se mantiene el edificio principal del castillo, con cinco niveles, pero uno de los edificios de celdas y salones de interrogación fue demolido a mitad de los noventa, y el área de las celdas ocultas ahora es un sótano oscuro que sirve de parqueo. En las plantas más bajas de la nave central hay un gimnasio para los policías que incluye un salón en el que se imparten clases de baile.

Hace más de 30 años, Rosalina estuvo recluida en una celda donde su cuerpo no cabía y el piso siempre estaba húmedo. Desde la primera noche, y durante todo ese primer mes, la torturaron todos los días. No le dieron de comer, y la invitaban a tomar agua de un escusado. Querían sacarle información, pero ella se resistía.

-¿Por qué la torturaban?

-El objetivo de ellos era que dijera quién era mi jefe, adónde tenía el dinero, quiénes colaboraban, de dónde sacábamos para comprar carros, qué dónde habíamos hallado unos zapatos Kickers (en la casa tenía una caja llena de zapatos Kickers) y yo no me acordaba… ja, ja, ja. ¡y por eso me dieron veeeerga!

Le engraparon la espalda, a la altura de la columna; le arrancaron, “sin qué ni para qué”, algunas de sus muelas; le fracturaron tres vértebras, que 35 años después le causan unos fuertes dolores de espalda; le aplicaron el potro: el torturador se sienta en la cintura de la víctima, que está boca abajo. El torturador le jala la cabeza, hacia arriba, arqueándole la espalda. Y Rosalina no cedía. Le aplicaron choques eléctricos en el pubis, ella de pie, amarrada, desnuda, con los brazos estirados. Recuerda que le pegaban en la entrepierna unos electrodos que la hacían convulsionar. Otras veces la tortura fue más simple: golpes contundentes a la cabeza, que la hacían saborear su propia sangre. “Yo sentía las gotas de sangre glup, glup, glup, se sienten las gotas de sangre, ¿veá?”, dice Rosalina.

La golpiza que más recuerda y que más le duele, y ni ella entiende por qué es la que más recuerda, ocurrió una vez que sus verdugos le preguntaron quién, según ella, se la había llevado presa.

"¿Te acordás quiénes te llevaron presa: la guardia o la policía?", le preguntaban. "La policía", decía ella. "¿Ah, sí, no?", le reclamaban. "¡Plas! Fue cuando me quebraron aquí, mire", y Rosalina se toca la quijada. "No les pareció que dijera que la Policía. A saber por qué no querían que dijera que fue la Policía..."

A los tres meses, Rosalina fue trasladada a Cárcel de Mujeres, al ala de presas políticas. Un mes más tarde, en octubre del 80, la guerra ya había estallado. Las FPL y las otro cuatro facciones de la guerrilla anunciaron que se convertían en un solo frente: el FMLN. Solo hasta entonces se reencontró con sus hijos. Solo hasta entonces le dolió lo que ellos también habían sufrido.

Un niño de 11 años y una niña de seis sobrevivieron en la casa de sus padres, solos, hasta que la comida se les acabó en la refrigeradora y la alacena. Esto era la guerra. Y antes de que eso ocurriera, un niño de 11 años se convirtió en un padre para una niña de seis, y todos los días iba a dejarla y a traerla a la escuela, hasta que un día el niño tomó a su hermana de la mano y decidió, como adulto, que lo mejor era que la niña se quedara en la escuela, hasta que él resolviera cómo encontrar, a sus 11 años, y sin dinero, al resto de su familia. Esto era la guerra. El niño dejó a la niña con la directora de la escuela, le pidió que la cuidara y prometió regresar por ella. La niña de seis años se encontró, entonces, con la soledad más grande de esta tierra, cuidada por una mujer extraña, en una casa que no era la suya. Y fue así por dos largos meses, hasta que su hermano regresó con un tío, a rescatarla. Rosarlin Hernández hoy es una mujer con un hijo mayor de edad, un esposo y otra vida a la que le hace falta algo. Algo que se le perdió el día en que se llevaron a sus padres. Ella dice: “Aquel día me robaron la infancia”.

La guerra le robó la infancia.

***

El sábado 13 de junio de 1980, José Ricardo Funes Zepeda se reunió con dos "compas" en las cercanías del colegio Cristobal Colón, en la colonia San Luis, de San Salvador. Debían organizar unas acciones de las FPL, y en esa zona vivían unos colaboradores dispuestos a prestar su casa. A las 5 de la tarde, José Ricardo y sus compas descubrieron que sería imposible celebrar la reunión, porque la zona estaba militarizada y los colaboradores habían desistido. Uno de los compas propuso viajar a la colonia Zacamil, “una zona caliente”, pero que era eso o nada.

José Ricardo tenía 22 años, y había decidido luchar contra el régimen desde que en 1977 fue testigo de una masacre en la Plaza Libertad, en medio de las protestas masivas contra el fraude electoral cometido por la dictadura contra la Unión Nacional Opositora, de la que su padre era candidato a la vicepresidencia. Tras esa masacre, la familia de José Ricardo huyó a Costa Rica, pero un mes más tarde él regresó a colaborar con las organizaciones de masas de la oposición. Su padre, dos años después, formó parte de la junta revolucionaria de gobierno, un movimiento compuesto por civiles y militares progresistas que derrocaron al general Carlos Humberto Romero, al que la dictadura le había dado el triunfo fraudulento en 1977. Esa junta duró unas pocas semanas con su formación original, y la mayoría de los líderes civiles renunciaron a ella y huyeron del país, de los atentados y las amenazas de muerte, luego de una serie de desencuentros influenciados por la injerencia de Estados Unidos y el regreso al poder –vía la junta- de la élite militar a la que se quiso combatir.

El padre de José Ricardo fue, junto a otros líderes de la Democracia Cristiana, de los que seguían creyendo que desde la junta se podía cambiar al país. José Ricardo no estuvo de acuerdo con su padre. Así que anunció públicamente su adhesión a las FPL, y en aquellos años eso causó una gran conmoción: el hijo de uno de los miembros de la junta se declaraba enemigo del Estado.

Aquella tarde del 13 de junio de 1980, José Ricardo llegó a la casa de una mujer que se dijo llamar América. Iban a cenar un oloroso lomo horneado y jocotes de corona. En la casa había cinco adultos y dos niños, uno de 11 y una niña de seis. Cuando la PN los descubrió y los capturó, José Ricardo supo que lo mejor que podía hacer era resguardar su verdadera identidad, así que insistió e insistió en que su nombre era José Ricardo.

José Antonio Morales Carbonell, hoy subsecretario de Gobernabilidad del gobierno, tuvo la suerte de que los agentes de la PN no le reconocieran. Su nombre y su seudónimo y su filiación y su rostro, para 1979, ya estaban registrados en el Libro amarillo. Y aunque en el libro de capturas la Policía Nacional lo registra con su nombre y su seudónimo, en realidad nunca supieron a quién habían detenido junto a América (Rosalina).

Quizá los archivos con los cuales se daba persecución a los opositores todavía no eran del conocimiento de todos los militares. O quizá tuvo la suerte de que... José Antonio Morales Carbonell, el hijo de Antonio Morales Erlich, uno de los miembros de la junta revolucionara de gobierno, tuvo mucha suerte.

La primera noche en el cuartel de la Policía, a Morales Carbonell lo separaron del grupo y se lo llevaron a una celda solitaria, húmeda y fría. Recuerda que en la madrugada lo despertaron unos gritos. Eran los gritos de los torturados.

-¿Qué escuchaba?

-Eran unos alaridos… Yo nunca había escuchado los gritos de los torturados. Son gritos que no se parecen a nada de lo que uno conoce. Es como cuando uno pasa por un matadero, solo que este es de seres humanos. Entre el frío del piso y los gritos de esa gente yo empecé a temblar de pavor.

Mientras pasaban los días, la tortura se iba aproximando a su celda. La tortura le llegó con la cara de un joven al que lo colgaban de los pulgares para que estos soportaran todo el peso de su cuerpo. A ese muchacho le habían apagado, en el trayecto desde La Libertad –donde lo habían capturado- todos los cigarrillos que su captores venían fumado. “Tenía las orejas desechas”, recuerda Morales Carbonell. En la espalda y en el abdomen del joven, Morales Carbonell descubrió el efecto que produce el cañón de un fusil estrellado con violencia contra un cuerpo desnudo.

Una noche sacaron al joven. Desde su celda, ubicada en una parte alta, Morales Carbonell tenía visibilidad hacia el parqueo. Desde ahí vio cuando a ese joven lo subieron a un auto y se lo llevaron. Nunca más se supo de él. Cuando la Cruz Roja se asomó por las celdas de la Policía Nacional, le preguntaron a José Ricardo si sabía qué habían hecho con ese joven, del que ya había un registro de captura pero que no aparecía en ninguna otra cárcel ni bartolina del país. "Lo desaparecieron", pensó José Ricardo, que ahora temía por su vida. Entonces pensó en confesar su verdadera identidad a los delegados de la Cruz Roja. Tenía miedo. No sabía si el delegado le ayudaría a contactar a su padre. Confió. Morales Carbonell confesó su verdadero nombre y, al día siguiente, lo condujeron a la oficina del director de la Policía Nacional, el coronel Carlos Reynaldo López Nuila. En el salón lo esperaban, junto al coronel, su padre y su madre.

Antonio Morales Ehrlich le confió, tiempo después, que cuando llegó a la oficina del director de la PN para reclamar a su hijo, el coronel López Nuila respondió, sorprendido, convencido de que su Policía Nacional no tenía preso al hijo de un miembro de la junta revolucionara de gobierno. Pero entonces Morales Ehrlich le pidió la lista de los presos, y le señaló el nombre falso de José Ricardo Funes Zepeda. “Este es. Tráiganlo”, dijo a López Nuila.

Morales Carbonell, en protesta contra el régimen, continuó preso, y recuerda que desde que López Nuila supo que él estaba en su cárcel, siendo testigo de lo que ahí ocurría, dejaron de oírse los gritos de los torturados. Morales Carbonell recuerda que una mañana, en el patio de la Policía, adonde sacaban a los presos a tomar el sol, se cruzó con López Nuila.

-Lo veo afónico –me dijo.

-Y cómo no voy a estar afónico si dormimos en el suelo? -le contesté.

-¿Cómo en el suelo? ¿No tienen camas? Si se supone que deben tener...

6. El coronel López Nuila “está enfermo”

En un pequeño cerro con una vista privilegiada al volcán de San Salvador vive el coronel Carlos Reynaldo López Nuila. La casa tiene dos plantas y está protegida por alambres razor y un guardia armado, que al menor movimiento cerca del portón abre y pregunta: “Sí, ¿qué desea?”.

Ubicar el paradero del exdirector de la Policía Nacional no es una tarea sencilla. Su oficina en la Universidad Tecnológica, de la cual es vicepresidente, es un fuerte infranqueable que repele a aquellos que quieren preguntarle sobre la guerra. En el presente, López Nuila rehúye hablar de su pasado.

Carlos Reynaldo López Nuila es un militar en retiro que en 1979, con la llegada de la Junta Revolucionara de Gobierno, se convirtió en director de la Policía Nacional. Salvo este ascenso que lo lanzó a la fama en plena efervescencia de la guerra, de su carrera se sabe muy poco. Quizá lo más sobresaliente sea que en 1963 participó en un curso de la Escuela de las Américas. Fuera de eso, la voz de López Nuila se enciende y se apaga en las escuetas notas de prensa que dan cuenta de entrecomillados atruibuidos a su nombre, elaboradas en su mayoría por corresponsables extranjeros. En ellas él habla del trabajo de la Policía Nacional e intenta desmarcarse de las denuncias o justificar el comportamiento de algunos de sus subalternos.

Una de esas publicaciones apareció el 9 de mayo de 1984. El periódico español El País publicó un cable de la Agencia France Press (AFP) con este titular: “Vinculan a la CIA y al alto mando del ejército salvadoreño con los escuadrones de la muerte”.  El cable de la AFP retoma un artículo publicado por el Christian Science Monitor, en el que se retrató a toda la plana del Estado Mayor, y al Consejo de Seguridad de las Fuerzas Armadas,  como cómplices de las actividades de los escuadrones de la muerte. 

En el artículo reproducido por El País, se lee: "Las actividades de los escuadrones de la muerte deben ser aprobadas en última instancia, directa o indirectamente, por el Consejo de Seguridad de las Fuerzas Armadas".

“Miembros señalados son el general Vides Casanova, viceministro de la Defensa, el coronel Adolfo Blandón, jefe de Estado Mayor, el coronel Nicolás Carranza, director de la Policía de Hacienda, y el coronel Reynaldo López Nuila, director de la Policía Nacional, que forma parte de la Comisión pro-derechos humanos de El Salvador”, dice en la nota reproducida por El País.

Aquella denuncia contra ese grupo de militares que dirigía a la Fuerza Armada pasó inadvertida, y tras el triunfo electoral de Napoleón Duarte en 1984, Eugenio Vides Casanova se convirtió en ministro de la Defensa, y López Nuila salió de la dirección de la Policía Nacional para convertirse en viceministro de Seguridad Pública, la cabeza al mando de la PN, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda.

De las andanzas del coronel López Nuila en los primeros años de la guerra ahora se conoce un poco más gracias a documentos desclasificados del Departamento de Estado. El 17 de junio de 1982, López Nuila se reunió en El Salvador con dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Uno de ellos era Jon Glassman, un importante asesor del Departamento de Estado, autor del libro “interferencia Comunista en El Salvador: documentos que demuestran apoyo comunista a la insurgencia salvadoreña”

“Conversación con el director de la PN”, es el título del cable que da cuenta del encuentro entre Nuila, Glassman y Craig Jonhstone. En el documento -obtenido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWHRC, por sus siglas en inglés), vía Acta de Libertad de Información (FOIA) en Estados Unidos-, López Nuila habla sobre los alcances de la guerrilla, la necesidad de crear un centro de inteligencia que recoja la información proveniente de todas las unidades del ejército y minimiza las denuncias por violaciones  los derechos humanos en la PN.

“América Central y El Salvador solía tener mucho mejor inteligencia cuando Estados Unidos dio su apoyo a esta actividad”, dijo Nuila en aquella reunión, en la que reconoció que la labor de inteligencia de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada había sufrido tras los recortes a la ayuda militar que Estados Unidos implementó en 1982.

Cuando a López Nuila le preguntaron qué estaba haciendo para detener abusos de autoridad de sus tropas, el coronel “mostró un resumen y una lista de agentes policiales llamados a comparecer ante cortes por crímenes serios desde octubre 15 de 1979”. Cuando le preguntaron sobre abusos cometidos a prisioneros, López Nuila respondió que “había menos que en las islas Fackland donde ocho argentinos habían muerto”, y que las condiciones de los presos eran vigiladas constantemente por la Cruz Roja Internacional, que visitaba las celdas “hasta tres veces por semana”.

En esa reunión, López Nuila presentó un resumen estadístico “que indicaba que la Policía Nacional había arrestado a 2,288 por subversión desde octubre 15 de 1979. De estos, 1,200 habían sido liberados después de haber sido interrogados”. 

El libro de capturas y el libro de viajes dan cuenta de detenciones desde “15OCT979”. López Nuila confiesa a Estados Unidos que hubo capturas masivas de “subversivos” desde el 15 de octubre de 1979. Ese día, un grupo de militares progresistas dieron un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero. En su proclama se comprometieron a romper con el pasado y a respetar los derechos humanos. Estas nuevas evidencias apuntan a lo contrario: que a partir del golpe de Estado creció la persecución hacia los opositores políticos.

Durante todo el mandato de Nuila al frente de la PN, los libros secretos del ejército continuaron actualizándose. El libro de capturas terminó de rellenarse en 1984. El libro de viajes en 1985. Los libros de inteligencia sobre el Partido Comunista y las FPL indican tener información actualizada hasta 1986. El libro amarillo tiene como última fecha de entrada "13AGOS987". Hasta aquí, Vides Casanova y López Nuila reinaban en lo más alto de la jerarquía militar de la época.

Al final del cable de la Embajada de Estados Unidos, Craig Johnstone y Jon Glassman suscriben un comentario sobre López Nuila y la Policía Nacional. “López Nuila se proyecta a sí mismo como un chico bueno tratando de hacer su trabajo bajo circunstancias muy difíciles. La Policía Nacional está lejos de ser una organización de santos, pero es una organización importante gracias a los esfuerzos de este abogado y coronel”, escribieron.

En otro cable desclasificado por el Departamento de Estado, y fechado en marzo del 83, se da cuenta de la “existencia de un escuadrón de la muerte de la derecha en la Policía Nacional salvadoreña”. En el documento, al que se la han tachado todos los remitentes y destinatarios, informantes aseguran que dentro de la PN existe un “escuadrón de la muerte compuesto por miembros de tres áreas de la Policía Nacional: la Sección de Investigación Criminal, la Sección Especial de Investigación Política y la Sección Antinarcóticos”.

Hoy día, es imposible hablar con López Nuila sobre cualquier hecho de la guerra. Desde que Arena llegó al poder en 1989, su figura poco a poco se fue diluyendo en el reguero en el que se convirtió el mapa político de la posguerra. Y es así hasta la fecha. Hoy se le conoce más por sus inversiones en educación a través de la Universidad Tecnológica, y por ser socio y administrador del Canal 33 de televisión en señal abierta.

En una nota publicada el 26 de febrero de 2015 en El Diario de Hoy, se cuenta de un guiño que la Universidad hizo a López Nuila, en la inauguración de un edificio en el centro de la ciudad. “En homenaje al Dr. Carlos Reynaldo López Nuila, por ello lleva el nombre de dicho fundador del alma máter e impulsor de servicios educativos a nivel de postgrados”.

En mayo de 2013, en una nota sobre el libro amarillo publicada por el periódico mexicano La Jornada, aparecen recogidas las últimas palabras que López Nuila ha dado sobre su pasado. “Yo de esa época no quiero saber absolutamente nada”, dijo el coronel en retiro.

En la Universidad Tecnológica, López Nuila es infranqueable. “Está enfermo”, dice su asistente. “No lo podrá atender”.

En su casa, un guardia armado abre la puerta al detectar el menor movimiento frente al portón.

-Vengo a buscar al coronel López Nuila. Queremos una entrevista para pedirle explicaciones sobre unos hallazgos que tenemos sobre la Policía Nacional que él dirigió.

-Permítame…

El guardia armado cierra la puerta y se pierde en el interior de la vivienda. Al cabo de unos minutos regresa:

-No, que no. Que dice que lastimosamente está enfermo, y que no lo podrá atender. Tal vez en otra ocasión.

El 14 de noviembre de 2015, El Faro le dejó una carta en su casa, en donde se le detalla los hallazgos: que 90 de 496 salvadoreños con registro de capturas en la PN terminaron, según la Comisión de la Verdad, desaparecidos, asesinados o torturados. A la fecha, este periódico no ha obtenido respuesta del coronel López Nuila. 

7. R32 busca a su esposa e hija

Podríamos decir que en los libros de la muerte hay respuestas para las miles de víctimas de la guerra y sus familiares, pero eso no sería cierto.

En los libros de la muerte solo hay respuestas para las familias de 496 salvadoreños.

En El Salvador, según las autoridades, no existen archivos de la guerra, y quizá sea porque realmente allá afuera, en la calle, sobrevivan los verdaderos archivos perdidos del conflicto. El Faro ha tenido acceso a siete documentos, pero seguramente hay más, muchísimos más, como lo sugieren el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, cuando dice que “es probable que haya habido fugas”; o el último director de la Policía Nacional, el coronel Samuel Cuéllar, cuando cuenta que tras la firma de la paz se giró una orden para que se desaparecieran los archivos de inteligencia de las comandancias, cuarteles…

Y sin embargo, miles de salvadoreños siguen buscando aquello que se las ha perdido, y la sola existencia de unos archivos apócrifos quizá pueda ayudarles en su búsqueda.

R32 es uno de ellos.

El libro amarillo del Estado Mayor dice que R32 era un “miliciano” de la Resistencia Nacional (RN/FARN). R32 fue secretario general de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras). Ingresó muy joven al movimiento sindical del sector energético del país, que a inicios de la guerra protagonizó importantes apagones para presionar al régimen. Antes de la última de sus capturas, que duró cuatro años, entre 1980 y 1984, R32 había sido capturado en dos ocasiones, una por la Guardia Nacional y otra por la Policía Nacional. R32 era un perseguido que tuvo que abandonar su apartamento en la colonia Zacamil, cambiarse el nombre, el de sus cuatro hijos y el de su esposa. Pasó a un estado de semiclandestinidad hasta que fue capturado por última vez el 22 de agosto de 1980.

R32 aparece fichado en el libro amarillo pero no aparece registrado en los libros de la Policía Nacional. Sin embargo, al menos dos de los capturados por ese libro lo mencionan en sus declaraciones, obtenidas presuntamente a golpes de tortura.

Más de 30 años después, Héctor Bernabé Recinos dirige el Comité de Ex Presos Políticos de El Salvador (Coppes). Durante cuatro años él fue torturado en los cuarteles de la Guardia Nacional, luego en la prisión para presos políticos de la ciudad de Santa Tecla -una cárcel hoy convertida en museo- y más tarde en el Centro Penal La Esperanza, la principal cárcel del país, conocida como "Mariona". En la prisión de Santa Tecla, Bernabé conoció a José Antonio Morales Carbonell, aquel joven militante de las FPL que fue capturado en un apartamento en el que una niña junto a su padre miraban Hawai Cinco 0. En plena guerra, Bernabé Recinos, Morales Carbonell y otros dos presos políticos se convirtieron en líderes de un movimiento en las cárceles del país. En libertad, Bernabé Recinos lideró un movimiento opositor importante en el sector energético del país. En prisión, lideró un movimiento importante que denunciaba las torturas a las que el régimen sometía a los presos políticos.

Podríamos decir que la suma de ambas luchas provocó que lo castigaran donde más podía haberle dolido.

Podríamos decir que por eso desaparecieron a su esposa y a su hija.

Podríamos decirlo, pero ya nos lo ha dicho él.

Bernabé sospecha que sus captores dieron “seguimiento de inteligencia” a su esposa y a su hija, luego de una visita que le hicieran en la cárcel. Las ubicaron en una colonia del Barrio San Jacinto, en la casa de una pareja de amigos que le daban refugio a su familia: su mujer, su hija y sus dos hijos.

El 22 de agosto 1982, Ana Yanira (11 años) y su esposa, María Adela García, fueron capturadas y posteriormente desaparecidas por un comando armado. Junto a su esposa y su hija, los captores se llevaron también a la pareja que les daba refugio: América Fernanda Perdomo, del Comité de Derechos Humanos, y Saúl Valentín Villalta, un abogado miembro del FAPU. Sus dos hijos varones fueron testigos del secuestro. Ellos se salvaron porque en el momento del operativo, jugaban fútbol, en la calle, junto a un grupo de niños de la cuadra. Así era la guerra.

Hace más de 30 años, la noticia de la desaparición de su esposa y su hija le llegó a través de una visita a la cárcel. Aquella fue la peor tortura.

Desde entonces Bernabé busca aquello que se le ha perdido.

A finales de septiembre le enseñamos a Bernabé el libro de capturas y el libro de viajes.

Podríamos habernos quedado callados, y haber dejado que él navegara, intentado encontrar ahí sus nombres, pero eso no habría sido justo.

-No están, ¿verdad? –nos pregunta.

-No, Bernabé. Los hemos buscado y no aparecen.

-¿Tampoco América y Valentín?

-Tampoco.

Los ojos de Bernabé no quieren creernos. Sus piernas, que bailotea

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