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Panamá está inmersa en una cruzada anticorrupción que hasta ahora solo involucra a exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuya Administración está bajo el escrutinio de los medios, con un gran impacto en la opinión publica.

Desde hace meses los panameños ven surgir cada día en los medios un nuevo escándalo que involucra a antiguos funcionarios de Martinelli, y el asunto es tema casi obligado en cualquiera de las filas que suelen hacer los ciudadanos para pagar un servicio público o los impuestos.

El exgobernante, un magnate de supermercados, entre otros grandes negocios, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y líder del partido Cambio Democrático (CD-opositor), denuncia una persecución política y responsabiliza a su sucesor en la Presidencia y antiguo aliado, Juan Carlos Varela.

El Gobierno de Varela, que cumplió 6 meses el pasado 2 de enero, ha denunciado a una veintena de funcionarios del quinquenio anterior por supuestas irregularidades, y ha pedido al sistema judicial que "los responsables de lesiones patrimoniales rindan cuentas y se proceda con la recuperación" de los fondos públicos.

Se habla de centenares de millones de dólares supuestamente malversados o desviados, así como de la firma de contratos para compras o construcciones de obras con sobrecostos millonarios.

En la lista de investigados resaltan dos exdirectores del gubernamental Programa Nacional de Ayuda (PAN), Rafael Guardia y Giacomo Tamburrelli, así como los antiguos titulares de los ministerios de Educación Lucy Molinar y de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino.

Guardia está preso en La Gran Joya, una cárcel construida por Martinelli que solo alberga a 100 detenidos, y los fiscales anticorrupción le han congelado más de 18 millones de dólares en cuantas bancarias, además de bienes de lujo.

La fiscal anticorrupción Lizzet Chevalier envió una carta, filtrada anoche a la prensa, a la Corte Suprema de Justicia, para que considere el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Martinelli, diputado ante el Parlamento Centroamericano, para ser investigado en el escándalo del PAN.

Esta semana fueron detenidos de forma preventiva Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, dos de los cinco directores que tuvo el Consejo de Seguridad en la era Martinelli, y la Fiscalía les imputó delitos por el caso de las escuchas telefónicas ilegales a políticos, empresarios y periodistas.

Otro caso de alto perfil es el del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, separado en octubre pasado del cargo de magistrado en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, entre otros.

Moncada, nombrado magistrado del Supremo por Martinelli en el 2010, es investigado por una comisión de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) que lo confinó a su residencia y le prohibió la salida del país.

El Supremo pidió la semana pasada al Tribunal Electoral que levante el fuero penal electoral a 34 diputados reelegidos de la Asamblea, 21 de ellos afectos a Martinelli, después de que un abogado los denunciara por supuesta corrupción en el manejo de más 400 millones de dólares en el quinquenio pasado.

La lista de 34 diputados denunciados, del total de 71 de la AN, incluye a José Luis Varela, hermano del gobernante panameño, además de 8 legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que mantiene una alianza parlamentaria con el partido de Gobierno.

Incluso un movimiento independiente, integrado entre otros por el ex candidato presidencial Juan Jované, pidió al Supremo que investigue a Martinelli por corrupción.

El analista y abogado Ibrahim Avast dijo que el "impacto y la magnitud de las irregularidades" del Gobierno de Martinelli "han generado algún tipo de repulsión de parte de la población panameña, que no esperaba que la corrupción hubiera llegado a esos extremos".

"Eso ha motivado que en la agenda de los medios el tema de la corrupción sea el más importante de todos (...) el país está básicamente interesado en ese tema más que en cualquier otro", aseveró Asvat.

Martinelli sostiene que todos los casos abiertos contra sus exfuncionarios están viciados porque no se ha respetado el debido proceso, y acusa a Varela de estar detrás de todo y de perseguirlo a él y cualquier adversario de su gobierno.

El partido CD ha dicho que Martinelli es blanco de "constantes ataques a través de temerarias y falsas denuncias, apoyadas por orquestadas campañas mediáticas".

Los "ataques políticos" contra el exgobernante provienen "de sectores supuestamente independientes y de otros mantienen acuerdos de conveniencia" con Varela, con el fin "desacreditar el legado dejado" de Martinelli, cuyo gobierno construyó grandes obras como la línea 1 del Metro y la expansión de un paseo marítimo en la capital, además de hospitales y escuelas en el país.

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